En abril, el Poder Ejecutivo propuso las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Como parte del proceso de designación, presentamos ante la Comisión de Acuerdos del Senado nuestras observaciones a sus pliegos. Cuestionamos sus perfiles para ocupar cargos de tanta trascendencia, ya sea por sus trayectorias, por las posturas regresivas que sostienen en algunos temas vinculados a la protección y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado.
En mayo, ya habíamos impugnado sus designaciones ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Todas estas consideraciones, que no fueron respondidas de ningún modo por el Poder Ejecutivo, nos llevaron ahora a sostener ante la Cámara Alta las razones de las impugnaciones tanto por la conformación de una Corte Suprema integrada sólo por varones como por el perfil de los candidatos y su idoneidad para acceder al cargo.
La esencia del trámite de designación de los jueces del máximo tribunal de justicia del país se basa en la apertura de estas decisiones a la participación de la sociedad civil y en la publicidad de la posición jurídica y política de los postulantes. Por eso, presentamos junto a otras organizaciones una nota solicitando participar de la audiencia, y ahora enviamos a la Comisión de Acuerdos una serie de preguntas para que se le formulen a los candidatos durante las audiencias públicas convocadas para el 21 y 28 de agosto.
Entre otros temas, solicitamos que Lijo y García-Mansilla respondan sobre sus posturas en relación a los estándares internacionales de derechos humanos y la obligatoriedad de las decisiones de órganos internacionales en esa materia. También sobre cuáles son sus opiniones acerca del control judicial de los decretos de necesidad y urgencia.
Además, pedimos que se le consulte a Lijo sobre el rol de los agentes de inteligencia como auxiliares de la justicia. Y entre las preguntas para García-Mansilla, requerimos que ratifique si considera inconstitucional la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, pedimos que explique si considera que el fallo Simón, que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, estuvo ajustado a derecho o si propone otra interpretación para la Corte.
Las preguntas completas para Ariel Lijo acá
Las preguntas completas para García-Mansilla acá