Desde la asunción de Javier Milei, el 10 de diciembre pasado, informamos a la CIDH sobre la implementación de diferentes políticas del gobierno nacional para desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes se quieran manifestar en el espacio público. En distintas presentaciones, señalamos el crecimiento de la violencia represiva y la criminalización de manifestantes, las detenciones arbitrarias y el uso indiscriminado de las denominadas “armas menos letales” como balas de goma, gases irritantes y palos, incluso contra trabajadores de prensa.
También advertimos cómo, mediante algunos discursos, el gobierno pretende deslegitimar a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, acusándolos de desestabilizadores. Estos mensajes son luego reproducidos por integrantes del poder judicial, que imputan por terrorismo e intento de golpe de Estado a las personas detenidas al voleo en las manifestaciones y sin aportar ningún tipo de prueba concreta que respalde tal acusación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a una audiencia al gobierno argentino para que dé explicaciones sobre estos retrocesos que denunciamos en el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. La audiencia fue convocada a pedido del CELS junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el Centro de Profesionales de Derecho Humanos, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo y la agrupación HIJOS.
La audiencia es el jueves 11 de julio a las 15 y será transmitida en vivo en: youtube.com/@ComisionIDH
Foto: Susi Maresca