Ivana Rosales sufrió violencia de género. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en 2021 el Estado argentino firmó un acuerdo de solución amistosa. Entre los compromisos de reparación, debía implementar distintas políticas para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género. El organismo encargado de poner en práctica estas políticas a nivel nacional era el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Pero el Gobierno de Javier Milei lo disolvió. Ante esta decisión y el vaciamiento absoluto de las políticas públicas para hacer frente a la grave situación de violencia de género que se vive en Argentina, nos presentamos ante la CIDH para expresar nuestra profunda preocupación por el incumplimiento del compromiso internacional.
El cierre del Ministerio fue la culminación de medidas del gobierno del presidente Milei en contra de políticas de género. Desde su asunción en diciembre de 2023 hasta mayo de 2024, se vio severamente impactada la agenda de protección a mujeres de violencia en términos de presupuesto y accesibilidad.
El 10 de diciembre Milei firmó el decreto 86/2023 a través del cual estableció un reordenamiento institucional de los ministerios: creó el de Capital Humano y allí incluyó una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, en reemplazo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. El 24 de mayo pasado la subsecretaría fue trasladada al Ministerio de Justicia. El punto de culminación para finalmente erradicar por completo esta agencia estatal fue el 6 de junio, cuando se anunció su cierre definitivo.
Desde entonces, la subsecretaría no fue reemplazada por otra área que trabaje violencia de género a nivel federal, ni en cuanto a prevención, establecimiento de políticas públicas o atención. Tampoco se ha dado continuidad a los diferentes programas y planes de prevención y abordaje de la violencia de género desarrollados por el Ministerio a través de otra dependencia estatal. En definitiva, el actual gobierno está desconociendo los compromisos normativos nacionales e internacionales en esta materia.
Es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1983 que no existe a nivel federal una institucionalidad que atienda las políticas de género.