El juez Walter Lara Correa consideró que la política pública para asegurar el derecho a la alimentación se apoya en tres pilares: distintos planes y programas que requieren la articulación y coordinación con provincias y municipios, las transferencias directas de ingresos a las personas y los programas de entrega de alimentos y asistencias a comedores y espacios comunitarios. Entre éstos últimos se encuentra el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos son los programas que el Ministerio de Capital Humano no está implementando, de acuerdo con la evolución de las partidas presupuestarias ya comprometidas y la información que se incorporó en el expediente.
La medida cautelar había sido reclamada también por la defensora pública oficial federal, Florencia Plazas, que interviene en el proceso colectivo en representación de todos los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una alimentación adecuada, como consecuencia de las medidas adoptadas por el ministerio a cargo de Sandra Pettovello.
Desde diciembre pasado, distintos comedores y merenderos comunitarios dejaron de recibir mercadería mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementó producto de la crisis económica y social agudizada por el ajuste del propio gobierno. Por eso, en el mes de febrero desde la UTEP y el CELS se presentó un amparo colectivo y el reclamo de una medida cautelar para que se garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente.
A diferencia de lo que sostiene el gobierno, las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas no son suficientes para resolver la integralidad y multicausalidad de este problema, ni mitigan los efectos de la recesión en el mundo laboral y no alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado -y su apoyo a las organizaciones- en los territorios. Esto fue señalado en el segundo informe de la mesa intersectorial La Cocina de los Cuidados.
La medida judicial es un paso importante para que se ejecuten las partidas presupuestarias ya asignadas y los fondos entregados por el PNUD. Mientras tanto, en el proceso judicial debe todavía dictarse una sentencia que exija al Estado de manera continua y permanente cumplir con las políticas alimentarias definidas por el Congreso Nacional en las leyes 25.724 y 27.642.