Durante la 56° sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, Suiza, desde el CELS participamos en los diálogos interactivos con las relatorías especiales y expusimos sobre la situación actual en Argentina. En ese contexto, denunciamos ante la ONU los retrocesos en el derecho a la protesta, en la libertad de expresión, así como las violaciones al medioambiente de empresas transnacionales y la situación de extrema pobreza que se vive en el país. En todos los casos, solicitamos a las relatorías el seguimiento de la situación en la Argentina, que se evalúen prontas visitas al país y se exija al Estado que proteja y garantice los derechos.
En el diálogo con la relatora sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación , resaltamos la creciente escalada de violencia estatal y la criminalización de las manifestaciones públicas en Argentina. Denunciamos las medidas impuestas por el gobierno que consideran a cualquier protesta con cortes de calles o rutas como un delito en flagrancia y habilitan a las fuerzas de seguridad para reprimir, desalojar y detener a manifestantes sin orden judicial. Informamos que en los primeros siete meses de gobierno, solo en CABA hubo 665 personas heridas, entre ellas 2 personas que perdieron la vista por impacto de balas de goma y 50 periodistas. Además, hicimos hincapié en la existencia de detenciones arbitrarias, malos tratos y el señalamiento como terroristas sobre las personas que participan en manifestaciones.
Por su parte, ante la relatora de libertad de expresión, señalamos que la estrategia de comunicación del gobierno incluye la circulación de discursos que buscan tergiversar y desinformar para perjudicar a organizaciones sociales, gremiales, feministas y de derechos humanos. También advertimos que el silenciamiento de la agencia de noticias pública y federal reduce la diversidad de voces que distribuyen noticias en el país y en la región. Esto limita el acceso a información confiable y afecta especialmente a quienes suelen excluidos del debate público que da en medios con fines de lucro.
Además, en el diálogo sobre extrema pobreza, resaltamos que en Argentina se vive un proceso acelerado de deterioro de las condiciones de vida como resultado de una política económica de ajuste brutal, que ha recaído de manera desproporcionada sobre quienes menos tienen. En tan solo un año, el ingreso del 10% más pobre de la sociedad ha sufrido una caída del 35.5%. Una situación que se agrava con el retiro del Estado de prestaciones fundamentales, como comprobamos en un relevamiento que mostró que de las 47 políticas de cuidado existentes, 24 han sido suprimidas. Ese escenario que incluye una inédita crisis alimentaria provocada por la decisión del gobierno de suspender el envío de mercadería a los comedores populares.
Por otro lado, al grupo de trabajo sobre empresas transnacionales y derechos humanos, le acercamos nuestra preocupación por el uso excesivo y sin control de agroquímicos en el modelo de agricultura industrial. Explicamos que en sólo 20 años esa práctica se multiplicó por 7, que las empresas productoras no tienen políticas de evaluación de riesgos y que el Estado no se las exige. Compartimos que en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, las fumigaciones generaron serias afectaciones a la salud de su población.
Extremas derechas en Argentina y alrededor del mundo
Como parte de nuestra participación en las sesiones de la ONU, también hicimos un evento paralelo para exponer la situación de derechos humanos en Argentina como un ejemplo de un patrón global por parte de las extremas derechas a nivel mundial. Nos acompañaron en el panel Daniel Joloy de Amnistía Internacional, Damaris Rolon del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) , Paulo Lugon de Washington Brazil Office y Gina Romero, la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Desde el CELS y el FOL explicamos cómo el gobierno pretende acallar el disenso y criminalizar a las organizaciones que se manifiestan, mientras deteriora las condiciones de vida. Analizamos lo que se atraviesa en Argentina en la actualidad en comparación con lo vivido en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro. En ese sentido, Amnistía Internacional brindó un panorama global de los gobiernos de extrema derecha y presentó varios puntos en común. Por ejemplo y en especial, la creación de enemigos falsos. Sobre esto, la relatora de Naciones Unidas expresó su preocupación y se refirió a una carta enviada al gobierno en enero de este año. “En su respuesta, el Estado argentino se refiere a las protestas como ‘maniobras extorsivas’”. Ante eso, recordó que “expresar disgusto o molestia y presionar a un gobierno por cambios es parte del ejercicio del derecho a la protesta”.
La respuesta del Estado argentino
Desde la apertura de sesiones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por las recientes medidas propuestas y adoptadas en Argentina que afectan los derechos humanos. Se refirió a los recortes sobre el gasto público con impacto desproporcionado en grupos más vulnerables y al cierre de oficinas estatales de acceso a la justicia y derecho de la mujer. Además, mencionó la falta de participación del gobierno en reuniones internacionales relacionadas con la Agenda 2030. Así como también solicitó se prioricen los derechos humanos en las políticas públicas y que se respete el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión.
Ante estas declaraciones de la ONU, el gobierno respondió que necesita reducir el Estado por el descalabro económico del anterior gobierno, pidió confianza y, con un tono irónico, expresó: “no se preocupe tanto por la Argentina, hasta ahora nos arreglamos solos”. El embajador argentino, además, solicitó derecho a réplica sobre las intervenciones del CELS. En ese contexto, sostuvo el discurso sobre los actos de vandalismo y el supuesto intento de golpe de Estado durante el 12 de junio.