El 12 de junio pasado 33 personas fueron detenidas durante la manifestación contra la Ley Bases en las inmediaciones del Congreso. La jueza federal Servini de Cubría dictó la falta de mérito para 28, que se encuentran en libertad, mientras que otras 5 fueron procesadas, con prisión preventiva y todavía continúan detenidas en cárceles federales. Nos presentamos ante la Cámara Federal de Apelaciones, como amicus curiae, para pedir que se les revoque el procesamiento y la prisión preventiva y queden en libertad.
Los procesos penales contra Cristian Valiente, Patricia Calarco Arredondo, Facundo Gómez, David Sica y Roberto María de la Cruz Gómez comenzaron con una serie de acusaciones exageradas por parte del fiscal Carlos Stornelli, con pocas pruebas y sin una descripción detallada y precisa de hechos concretos. Además, sumó agravantes que podrían implicar para las personas detenidas condenas de hasta 30 años de prisión. El intento de avanzar en el proceso penal, acusar a estas personas de delitos gravísimos y privarlos de su libertad constituye un caso testigo de criminalización a los que los organismos del sistema interamericano de derechos humanos refieren en sus más recientes informes y jurisprudencia.
El fiscal había solicitado la prisión preventiva para las 33 personas detenidas, sin presentar pruebas ni fundamentos sólidos que sostuvieran su idea de que estaban en condiciones de fugarse o entorpecer la investigación. Lo único que presentó para sustentar sus pedidos fueron tres links de sitios de internet, uno con declaraciones públicas del Poder Ejecutivo difundidas en redes sociales y los otros dos con notas periodísticas.
La jueza decidió procesar y mantener en prisión preventiva sólo a cinco personas. Sin embargo, su resolución tiene dos problemas centrales: por un lado, está basada principalmente en el testimonio de policías, lo que constituye una prueba discutible; y por otro, ofrece un encuadre jurídico forzado, acusándoles de delitos menores correspondientes al fuero de la Ciudad y, al mismo tiempo, del delito federal de intimidación pública. Esta última figura no es aplicable a ninguno de los casos y deja en evidencia la decisión de construir de manera arbitraria los riesgos procesales para poder sostener la prisión preventiva.
Por todo esto, consideramos imprescindible que la Cámara analice y revise con seriedad los procesamientos. De continuar, convalidarían un proceso de criminalización que afecta a las personas detenidas y ejerce un efecto de intimidación para quienes quieren ejercer su derecho a la protesta.
Foto: Susi Maresca