La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) expresa preocupación por las reformas introducidas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Inteligencia Nacional, mediante los decretos 614/2024 y 615/2024.
No hay duda de que el sistema de inteligencia nacional requiere una reforma profunda para modernizarlo y adaptarlo a una realidad que cambió vertiginosamente en las últimas décadas. Por ejemplo, en relación con las nuevas tecnologías o con un mundo que ya no responde a los problemas de una agenda uni o bipolar. Al mismo tiempo, el sistema requiere cambios determinantes en relación a su cultura política y organizacional orientada al espionaje y las operaciones ilegales. Las tensiones entre una tradición atada al secreto y la necesidad de fortalecer los controles han determinado las idas y vueltas de modificaciones parciales que no han podido consolidarse.
La reforma por decreto de necesidad y urgencia del gobierno no resuelve estos problemas; algunos los agrava y otros los revive. La disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para reinstalar la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pretende reorganizar la estructura de inteligencia bajo viejos modelos, sin que esté claro por qué eso la dotará de más eficacia, ni por qué mejorará en la protección de los derechos. Además, haberlo hecho por decreto plantea serios problemas constitucionales.
Uno de los aspectos más regresivos de la reforma es que vuelve a abrir la posibilidad de que el Poder Judicial use a los organismos de inteligencia como sus auxiliares. El Poder Ejecutivo reinstala una práctica que había sido prohibida por las gravísimas irregularidades que habilitó. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso AMIA condenó al Estado argentino por el fracaso de la investigación judicial, que estuvo determinado por haberla dejado en manos de la exSIDE. Esta habilitación es acompañada, además, por la posibilidad de que la SIDE reincorpore personal retirado, como si los problemas de funcionamiento se resolvieran volviendo a lógicas pasadas.
En esta supuesta reorganización -que no cambia la lógica “interior/exterior” que tuvo históricamente y aún tiene el organismo en la producción de inteligencia-, el decreto crea órganos cuyas funciones son confusas y pueden derivar en superposiciones intencionales. En particular, en relación con la creación de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), y de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), sus funciones y competencias son poco claras y el decreto extiende sus atribuciones en forma riesgosa para la privacidad de las personas. Específicamente, respecto de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), el DNU la faculta para la provisión de servicios para “adquisición, intercepción, recolección, procesamiento, evaluación y análisis de toda información relevante para el Sistema de Inteligencia Nacional”, lo que significa un nuevo mecanismo para hacer interceptaciones, que no estaba habilitado en la ley. Todo ello de un modo solapado y sin el debate parlamentario necesario.
Durante estas décadas, los escándalos políticos derivados de operaciones de inteligencia y las irregularidades que resultaron en violaciones de derechos humanos llevaron a que se discuta la necesidad de reforzar los controles parlamentarios e independientes de las agencias de inteligencia. Esta reforma no promueve ninguno de ellos e incluso los debilita, por ejemplo al quitar el acuerdo del Senado para el nombramiento del titular. Hemos sostenido que el rol de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia ha sido cómplice en algunos momentos e intrascendente en otros. Nada de esto se modifica con estos cambios. Tampoco avanza sobre posibles órganos de control independientes como existe en otros países, que permiten contrarrestar el paradigma de secreto que caracterizó a nuestro sistema y que esta reforma profundiza.
Desde la ICCSI hemos llevado adelante diversas iniciativas para promover una discusión sobre el diseño y el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional, a fin de dotarlo de sentido estratégico, democratizarlo y separarlo de la inteligencia criminal. Esta nueva reforma no implica un avance en ninguno de estos sentidos.
Insistimos en que este debate debe llevarse a cabo en el Congreso de la Nación y de cara a la sociedad. Por eso también reafirmamos el llamado urgente a la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Sobre ICCSI
La ICCSI es una coalición de organizaciones integrada por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Vía Libre, nucleadas con el objeto de contribuir al fortalecimiento del control democrático del sistema de inteligencia y orientarlo hacía la eficacia y necesidades reales del Estado.