El Poder Ejecutivo impulsa una reforma del régimen penal juvenil con la intención de que los niños, niñas y adolescentes puedan ser encarcelados a partir de los 13 años.
La iniciativa del gobierno no mejora ninguno de los problemas que tiene hoy el régimen penal juvenil. Actualmente, un adolescente que pasa por el sistema penal queda marcado y su reinserción en la sociedad es muy difícil. La propuesta no prevé ningún acompañamiento ni formas de reinserción para prevenir conductas conflictivas. Tampoco aporta estrategias para evitar la reincidencia.
Esta reforma pone a la cárcel para niños, niñas y adolescentes como principal respuesta frente a las situaciones delictivas o conflictivas, que muchas veces tienen su origen en la vulnerabilidad que genera la desigualdad. Según UNICEF, la pobreza en niños y niñas creció 19% en el último año. Las políticas para sostener y acompañar estas situaciones fueron reducidas o directamente eliminadas. A partir de ahora, la propuesta es que las fuerzas de seguridad y la cárcel se hagan cargo de la situación de desamparo en la que se van quedando cada vez más menores de edad.
El encierro en malas condiciones, con el aislamiento como regla y sin contacto con los afectos ni acceso a la escuela, hace de estos centros de detención, espacios donde se reproducen prácticas violentas. Al salir, es posible que queden en una situación de mayor marginalidad y que delinquir sea su única posibilidad de supervivencia.
La propuesta de encerrar pibes y pibas cada vez más jóvenes y por tiempos más largos no solucionará los problemas asociados a la violencia ni al delito, por el contrario contribuirá a expandirlos.