Mientras especialistas en la epidemia de dengue alertan por un nuevo brote de la enfermedad cuando las temperaturas aumenten, las medidas llevadas adelante son reducidas y desparejas entre las diferentes jurisdicciones. No hay novedades del plan de vacunación que el Estado nacional debería realizar así como tampoco sobre otras políticas de prevención y programas específicos para el seguimiento de casos, que puedan reducir la propagación y la letalidad de la enfermedad. Las cifras de contagios del primer semestre ya son mayores a las del año pasado, previo a lo que fue el peor brote de la historia en la Argentina. En este contexto y las alertas sanitarias que recaen sobre la región, advertimos a las autoridades que si no se toman medidas inmediatas nos encontraremos otra vez en un escenario como el que ya vivimos o incluso peor.
En febrero, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica a partir del enorme aumento de casos en la región y llamó a los Estados a que intensifiquen distintas acciones: vigilancia, diagnóstico precoz, tratamiento, control del mosquito aedes aegypti, así como la incorporación de medidas para el manejo adecuado de los pacientes para prevenir complicaciones y muertes.
El Ministerio de Salud de la Nación debe acompañar las necesidades de las distintas jurisdicciones, avanzar en el plan de vacunación tal como lo sugiere la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIm), y desarrollar políticas para que las jurisdicciones puedan realizar un adecuado seguimiento de casos graves para reducir los índices de contagio y letalidad.
La OPS informó el 31 de julio último que América del Sur presenta hasta la semana 28 de este año un aumento de 271% en comparación con la misma semana del 2023 y de 454% con respecto al promedio de los últimos 5 años. En Argentina los casos reportados muestran un crecimiento del 168% en comparación con las cuatro semanas epidemiológicas previas.
Según los datos del último Boletín Epidemiológico del Gobierno Nacional (N° 715 del 5/8/2024) en 2024 ya se registraron 548.862. El registro acumulado hasta el momento para la temporada es de 1.203 casos por cada 100.000 habitantes. Se registraron 415 casos de personas muertas en 18 jurisdicciones.
En la Ciudad de Buenos Aires, según el mismo boletín, solamente en el año 2024 se registraron 25.294 casos. Los casos acumulados triplican lo registrado en la temporada 2022/2023 y multiplican por 8 lo registrado en el 2019/2020.
A pesar de esto el gobierno de la Ciudad se limitó a implementar una campaña comunicacional durante los primeros meses del año en la que no informaron sobre medidas efectivas de prevención. Hasta ahora no se modificó la estructura edilicia de hospitales, de los centros de salud ni las escuelas (por ejemplo colocando mosquiteros en ventanas y rejillas). Tampoco aseguró la provisión de repelentes en cantidad suficiente para toda la población ni intervino en el aumento desmedido de su precio, lo que dificultó el acceso a ese insumo imprescindible.
En respuesta a un recurso de amparo colectivo contra el gobierno de la Ciudad, el Juzgado Contencioso Administrativo 21 de CABA dispuso en mayo la conformación de una mesa de diálogo con representantes del Ministerio de Salud, de Espacio Público y de Infraestructura de la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar y el CELS. Su objetivo era establecer de manera consensuada un diagnóstico de las necesidades más urgentes para la prevención y control del dengue y un cronograma de cumplimiento. Sin embargo, el espacio de diálogo se suspendió poco tiempo después porque los representantes del ejecutivo porteño no reconocieron las falencias y preocupaciones señaladas, asumiendo que contaban con una “política pública óptima para hacer frente al dengue”.
Para evitar un nuevo brote es necesario que las autoridades nacionales y provinciales implementen políticas de prevención como, por ejemplo, campañas eficientes de comunicación, saneamiento medio ambiental en espacios públicos, principalmente centros de salud, suministro de métodos de barrera como mallas mosquiteras y repelentes de manera accesible, distribuyéndolos en los servicios de salud y hospitales y para que los grupos vulnerables que requieren de su entrega gratuita puedan acceder. También la distribución de agua potable. Además, es prioritario que realicen el seguimiento de casos graves. De lo contrario, estaremos nuevamente entre los países con más números de casos confirmados y con los índices más altos de letalidad.
En el escenario actual, y teniendo en cuenta la importancia otorgada por los especialistas a las medidas de prevención y control a lo largo del año, sostenemos que es necesario incrementar los esfuerzos y adoptar medidas urgentes que protejan el derecho a la salud de las personas.