El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la resolución 710/2024, creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y construyó un marco de aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial para predicción de delitos, perfilado de personas, análisis de casos y detección de fraude, entre otras acciones. Desde el momento en que se dio a conocer la resolución, varias organizaciones de la sociedad civil expresamos nuestras preocupaciones sobre este paquete de vigilancia.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Argentina, el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), Democracia en Red, Access Now, Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) realizamos un pedido de información para que el Ministerio de Seguridad explique algunos puntos que consideramos que no quedan claros en la resolución y que pueden traer afectaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En esta presentación realizamos consultas específicas referidas al ciberpatrullaje, pedimos que se especifique cuáles son los marcos en los que se desarrollará la actividad y solicitamos definiciones de los conceptos de la resolución como “Dark-Web” o “Internet profunda”. Además, preguntamos por las condiciones para el análisis de imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real y requerimos detalles sobre la utilización de algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de crímenes, entre otras consultas.
Los pedidos de acceso a la información pública constituyen elementos centrales del sistema democrático y es un derecho de todo ciudadano. Se encuentra enmarcado por los arts. 1, 14, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Ley nacional 27.275.
La solicitud completa puede leerse en este enlace.