Las organizaciones que suscriben este comunicado expresamos nuestra preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral que arroja a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela (periodo 2025-2031). Varios presidentes, autoridades y referentes regionales e internacionales han denunciado la opacidad del resultado y la necesidad de que se publiquen y verifiquen las actas electorales. Es indispensable que se garantice la prevalencia de la voluntad del pueblo venezolano y se abra un proceso de diálogo político.
Del mismo modo, preocupan los posteriores hechos de violencia social y estatal. En las últimas horas, se ha reportado una escalada represiva por parte de las fuerzas armadas oficiales en contra de las manifestaciones, que han tenido lugar en 17 de los 24 estados de Venezuela. Según las recientes declaraciones del fiscal general, Tarek William Saab, se han detenido a 749 personas en el marco de las protestas, algunas de ellas bajo delitos como “terrorismo” e “incitación al odio”. A lo anterior se suman una serie de amenazas de encarcelamiento dirigidas a líderes políticos de oposición. La misión enviada por las Naciones Unidas ha confirmado al menos seis personas muertas y decenas heridas en las protestas.
Estos eventos afectan los derechos civiles y políticos de los ciudadanos venezolanos, así como muestran una falta de compromiso con los principios democráticos. Las detenciones arbitrarias apuntan a silenciar, intimidar y desalentar la participación política. Este actuar del Gobierno Venezolano viola los estándares internacionales de derechos humanos y atenta contra el derecho a protestar pacíficamente, a reunirse y a expresar opiniones de forma libre y sin miedo.
Esta nueva crisis política podría desencadenar una nueva ola migratoria de personas venezolanas buscando seguridad y mejores condiciones de vida. Ante esta situación, es crucial que los gobiernos de la región adopten medidas de apoyo. Estas acciones incluyen la implementación de políticas migratorias con enfoque de derechos humanos, la cooperación internacional para gestionar el flujo migratorio de manera ordenada, facilitación de vías seguras de tránsito a lo largo de la región y la provisión de asistencia y protección a las personas migrantes. Es fundamental que los Estados habiliten mecanismos de regularización permanentes, accesibles y asequibles.
En este momento crítico, expresamos nuestra solidaridad con los líderes sociales y organizaciones venezolanas que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Su valentía y compromiso con la democracia son una contribución invaluable para la construcción de paz y justicia social en Latinoamérica.
Las organizaciones firmantes nos sumamos al llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que insta a las autoridades de Venezuela a respetar los derechos a la protesta y a la libre expresión. Manifestamos nuestro compromiso con la necesidad de encontrar vías de resolución política pacífica a la crisis que fortalezcan la democracia en la región y no alimenten la violencia y los autoritarismos.
Adhieren
Dejusticia – Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Colombia)
Cels – Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina)
Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del Esmad – MOCAO (Colombia)
Temblores ONG (Colombia)
Corporación Sisma Mujer (Colombia)
ILEX Acción Jurídica (Colombia)
Conectas Direitos Humanos (Brasil)
Asociación Pro Derechos Humanos- APRODEH (Perú)
Observatorio Ciudadano (Chile)
ARTIGO 19 Brasil e América do Sul KHRC (Brasil)
Kenya Human Rights Commission (Kenya)
ICCL – Irish Council for Civil Liberties (Ireland)
Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador
Venezolanos en Barranquilla (Colombia)