El 12 de junio miles de personas se manifestaron en la zona del Congreso, donde se trataba la Ley Bases. Como respuesta, los poderes ejecutivos de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires desplegaron un operativo de seguridad violento y desmesurado que dejó decenas de personas heridas de balas de goma, gases lacrimógenos y golpes. Durante la represión, 33 fueron detenidas arbitrariamente. El gobierno nacional las criminalizó, acusándolas entre otros delitos graves de ejercer actos de “terrorismo” e intentar impedir el funcionamiento legislativo.
En representación de Stella Maris Chevallier, Mariano Dalaison, Juan Ignacio Spinetto y Gabriel Famulari, nos presentamos como querellantes ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 1, donde radica la causa en que se investigan las denuncias contra las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad que ordenaron el operativo represivo.
Denunciamos el accionar ilegal de la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, concretamente por los delitos de lesiones leves dolosas agravadas por haber sido cometidas por miembros de una fuerza de seguridad en abuso de sus funciones, privación ilegítima de la libertad agravada, falsedad ideológica, falso testimonio y abuso de autoridad.
Stella Maris Chevallier y Mariano Dalaison fueron víctimas del uso desproporcionado e injustificado de armas menos letales: en el caso de Stella Maris, de 77 años, fue rociada por gas pimienta directamente en su rostro; Mariano, fotoperiodista, recibió un balazo de goma en la frente.
Juan Ignacio Spinetto y Gabriel Famulari fueron privados de la libertad de forma ilegítima y arbitraria. Además, fueron sometidos a golpizas antes, durante y en los momentos posteriores a ser detenidos. No cometieron ningún delito ni contravención; estaban ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse públicamente contra una medida del gobierno. Su sola presencia en la protesta desató una respuesta policial infundada, ilegítima y violenta.
El tratamiento que recibieron por parte de la policía y del Servicio Penitenciario Federal fue hiper criminalizante y no solo tuvo un impacto sobre sus vidas personales: las detenciones arbitrarias, la causa penal en la que un fiscal acusa sin pruebas por delitos gravísimos, las privaciones de la libertad en un penal de máxima seguridad, y los procesos judiciales que, a pesar de las pruebas presentadas, aún permanecen abiertas, tienen la potencialidad de enviar un mensaje aleccionador a cualquier persona que desee ejercer su derecho constitucional a manifestarse públicamente.
Por eso, entre otras medidas, reclamamos al Estado que realice una investigación seria, exhaustiva y responsable de los hechos por tratarse de un caso de persecución y criminalización de la protesta social en general, y del libre ejercicio del periodismo, en particular, actividad especialmente protegida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Los cuatro casos
Stella Maris Chevallier tiene 77 años y es enfermera jubilada. Se encontraba sobre la avenida Callao sacando una foto a la cúpula del Congreso cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a despejar la zona. Bajó la vista y un empujón hizo que se le cayera el celular al piso. Cuando se agachó para recuperarlo, efectivos de Prefectura avanzaban sobre ella y otras personas que la rodeaban. Una agente agarró el teléfono y se lo quiso alcanzar, pero, en paralelo, un efectivo de la misma fuerza le apuntó a la cara con una lata de gas lacrimógeno. Le disparó de lleno en los ojos. Durante cuatro días Stella Maris quedó afectada por los gases. Si bien tiene ayuda psicológica, a partir de ese momento se despierta a cualquier hora y tiene pesadillas.
Juan Ignacio Spinetto es abogado, profesor de ciencias jurídicas en la Universidad de Buenos Aires, docente en escuelas y delegado por los sindicatos UTE y ADEMyS. Al mediodía del 12 de junio advirtió la presencia de humo y gases lacrimógenos en la zona de la manifestación y comenzó a desconcentrar por avenida de Mayo hacia la 9 de Julio. Tomó Lima y al llegar a México efectivos de la Policía de la Ciudad cerraron su paso a bordo de dos motos sobre la vereda. Cuando se hizo a un costado para dejar pasar a una de ellas, tocó accidentalmente otra moto de gran porte que se desestabilizó y cayó al piso. Los efectivos lo agarraron y lo redujeron violentamente, golpeándolo repetidas veces en la cabeza aunque ya estaba en el piso y sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Uno de los golpes le generó una herida sangrante en la frente. Las lesiones quedaron registradas en distintas fotografías.
Spinetto fue detenido arbitrariamente, llevado al Centro de Monitoreo del Obelisco y trasladado a la Alcaidía de Barracas donde pasó, aproximadamente, dos días. Tras pasar por tribunales, acusado de delitos gravísimos vinculados a la desestabilización del orden democrático y la interrupción de las sesiones legislativas, fue trasladado a la Unidad Penal 3 del Complejo Penitenciario de Ezeiza, una cárcel de máxima seguridad.
En ambos lugares vivió situaciones violentas y maltratos: mientras estuvo en la alcaidía, durmió una noche a la intemperie en un patio bajo la amenaza de ser encerrado con acusados de delitos sexuales, con las esposas puestas, y sin que se le proveyera ni siquiera una frazada. Luego, los tres días que permaneció detenido en Ezeiza no se le permitió recibir ropa para cambiarse. Además, fue sometido a interrogatorios ilegales y hostiles por parte de integrantes del Servicio Penitenciario Federal. Le preguntaron si había tirado piedras y de qué organización formaba parte. Al ser liberado se le reintegró su billetera, de la que habían sacado todo el dinero, así como su documento de identidad y sus tarjetas de crédito.
Gabriel Famulari tiene 42 años. Trabaja como asistente filmando contenido y partidos de fútbol para un club. El 12 de junio se acercó al Congreso cuando escuchó en la televisión que a las 21 comenzaría la votación. Estaba con otras personas sobre Callao, a metros de Rivadavia, cuando efectivos de la Policía Federal les dijeron que subieran a la vereda. Al hacerlo, Famulari sacó su teléfono celular y escuchó que alguien gritaba “¡ahora!”. Inmediatamente, un grupo de policías se le abalanzó y lo arrestó mientras estaba sobre la vereda, de espaldas a la calle. La secuencia quedó registrada en video.
Cuando lo detuvieron le pegaron en la espalda. Las revisiones en la comisaría fueron casi inexistentes y no consignaron los golpes. Tras recibirle declaración indagatoria, Gabriel fue trasladado junto a otros detenidos a la Unidad 28 de Tribunales. Los desnudaron, los revisaron y le sacaron fotos a sus tatuajes. A la madrugada los sacaron de las celdas y los subieron a un camión de traslados. No le dijeron a dónde los llevaban. Fueron encadenados con esposas y atados a una varilla del camión incluso cuando ya estaban sentados y esposados. Una vez en el penal de Marcos Paz, volvieron a desnudarlos y sacarles fotos a sus cuerpos y tatuajes. En todos los lugares de encierro donde estuvo, los agentes policiales y penitenciarios les preguntaron, varias veces, si eran de organizaciones y/o partidos políticos, y de cuáles.
Mariano Dalaison es estudiante de fotografía de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), trabaja como fotoperiodista para medios autogestivos. Se dirigió a la zona para tomar fotos de la movilización. Asistió con una máscara en los ojos, barbijo, casco y credencial de prensa.
En Callao y Bartolomé Mitre fotografió a manifestantes a los que la policía les arrojó gases lacrimógenos. Entre esas personas estaba Stella Maris Chevallier. Desde la calle Hipólito Yrigoyen observó el avance de Gendarmería Nacional y a la policía arrojando gases. En un momento, algunas personas comenzaron a arrojar piedras, Dalaison se acercó y tomó fotos. Cuando bajó la cámara y retrocedió para volver a ubicarse detrás de las rejas del Congreso, sintió un impacto en la frente y el estruendo de varios disparos seguidos. Una bala de goma había impactado en su cabeza, disparada desde donde estaba la Gendarmería.
Durante la manifestación, vio varias secuencias de hostigamiento policial hacia trabajadores de prensa. Aunque les informaban “soy de prensa”, los policías les contestaban “no me importa, rajate de acá”. En su recorrido también pudo observar y fotografiar las detenciones de Spinetto, dos estudiantes de la UNSAM y Daniela Calarco. También la de David Sica, un hombre en situación de calle.
Foto: Susi Maresca