El gobierno de Javier Milei no garantiza los derechos de las infancias en la Argentina y sus políticas públicas basadas en el recorte de presupuestos, la clausura de organismos encargados de su protección y la retención de la comida para comedores en los barrios más pobres provocaron la preocupación de las Naciones Unidas. Con atención especial en el aumento de la pobreza infantil y en el millón de niños y niñas que se van a dormir sin comer, el Comité de los Derechos del Niño pone límites a las decisiones tomadas por el poder ejecutivo desde diciembre, a partir de la entrada en vigencia del DNU 70/23.
“Estamos preocupados por el aumento alarmante de la inseguridad alimentaria moderada y grave. La interrupción en el suministro de alimentos y beneficios económicos a los comedores comunitarios tienen un impacto negativo en los niños”, señala en su informe sobre la decisión del Ministerio de Capital Humano. A partir de ese diagnóstico, el Comité instó al Estado a entregar una atención adecuada a las infancias, brindar apoyo financiero y servicios gratuitos y accesibles sin discriminación, simplificar el acceso a medidas de protección social -como la Asignación Universal por Hijo- y garantizar que ese apoyo les dé un nivel de vida digno. Además pidió que se aplique urgente un plan nacional para la prevención y tratamiento de la desnutrición.
En su informe, el Comité también resaltó los niveles “alarmantes” de niños que viven en la pobreza, el aumento de la extrema pobreza infantil y que casi el 60% de las niños y las niñas viven en hogares donde no tienen garantizados los alimentos ni tampoco pueden cubrir necesidades básicas como el transporte y la vestimenta.
Por otro lado recomendó que se mantenga el Plan ENIA, el plan de prevención de embarazo no intencional, –incluyendo presupuesto suficiente para suministros, instalaciones y recursos técnicos y humanos–, la educación sexual integral y el acceso al aborto legal.
En una situación económica y social que provoca que las personas reclamen en las calles por los derechos que les fueron recortados, el Comité también señaló su preocupación por la represión contra menores de 18 años y el proyecto del gobierno para bajar la edad de imputabilidad. Con ese contexto, el Comité por los Derechos del Niño pidió que se derogue el protocolo de Patricia Bullrich, que considera “delito en flagrancia” cualquier manifestación pública que afecte la circulación y que implica criminalizar todas las protestas sociales.
El aporte del CELS al Comité por los Derechos del Niño para la evaluación.
Foto: comunicación de Barrios de Pie.