Hace diez años Luciano Arruga perdió la condición de desaparecido para ser restituido a su familia. Eso ocurrió cinco años y ocho meses después del inicio de su búsqueda. Luciano desapareció el 31 de enero de 2009, cuando tenía solo 16 años y vivía en Lomas del Mirador, en La Matanza. Su cuerpo fue encontrado e identificado en 2014, con medidas burocráticas, como el cotejo de huellas dactilares, que podrían haberse hecho desde el momento en que su mamá Mónica, su hermana Vanesa y sus amigos comenzaron a buscarlo. En lugar de respuestas, durante años recibieron agresiones, insensibilidad e impericia por parte del poder judicial.
Mientras Luciano era buscado por su familia y las organizaciones que la acompañamos, había dos causas en oficinas judiciales que no fueron cruzadas. La que tenía por misión encontrarlo y la que tenía información de un joven fallecido y enterrado sin identificación. Durante más de cinco años esas dos causas no fueron cruzadas. Por este desastre, frecuente en el Poder Judicial cuando se trata de jóvenes de sectores populares, pedimos sin suerte que se abriera un juicio político a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y al juez de garantías Gustavo Banco. La fiscal Castelli delegó la investigación de la desaparición en la policía bonaerense, cuando miembros de esa fuerza habían hostigado y torturado a Luciano. De hecho, solo cuatro meses antes, Luciano había sido torturado en el destacamento de Lomas del Mirador, tal como fue probado en 2015. La fiscal Cejas pidió sin justificación la intervención de los teléfonos de familiares de Luciano. El juez Banco en lugar de cuestionar ese avasallamiento a la familia, lo avaló. Seguimos sosteniendo que deben responder por sus acciones y que el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires debe resolver la admisibilidad de la acusación.
A quince años de aquel 2009 y a diez del hallazgo de Luciano, la causa judicial que tiene que investigar y dar respuestas sobre las circunstancias de su desaparición y muerte sigue en etapa de instrucción. De vez en cuando piden medidas de prueba, toman algún testimonio. El sistema de justicia no puede decir aún, con pruebas que lo sostengan, qué vivió Luciano ese día, esa noche.
Su familia inició un proceso de búsqueda de reparación por todo lo que debió atravesar en estos años, atribuible a la acción estatal. Ese proceso está lleno de obstáculos y revictimización. Como si el daño de todo esto no fuera evidente y como si sus vidas no hubieran sido transformadas de forma tan dolorosa.
Una vez desaparecido Luciano, tanto él como su familia, estuvieron atravesados por el maltrato estatal y el abandono. Meses para mover un expediente, años para cotejar huellas, acopio de información sin análisis ni procesamiento, ocuparse del caso más fácil y pasar la búsqueda de Luciano abajo de la pila de expedientes abiertos. En ese dejar pasar el tiempo seguimos hoy.