Ante el fuerte aumento de la pobreza y del desempleo y el deterioro de las condiciones de vida, la situación de las personas que viven en los barrios populares se vuelve cada vez más frágil. Desde diciembre, el Estado Nacional abandonó las políticas destinadas a mejorar sus condiciones habitacionales y los programas que garantizaban el acceso al agua potable, energía eléctrica o redes cloacales se interrumpieron. Entre sus primeras medidas, el gobierno de Javier Milei decidió desfinanciar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que provocó la paralización de más de 30.000 obras necesarias para proveer servicios básicos a unas 330.000 familias.
Según el censo 2022, el 44% de la población, más de 20 millones de personas, no tienen conexión a la red de gas. Una cantidad similar, el 43%, vive en casas sin cloacas y, todavía, hay un 7% de la población sin acceso al agua potable. Para mejorar estas condiciones el FISU disponía de un financiamiento que surgía del Impuesto País y el gobierno lo redujo drásticamente del 9% al 0,3%. Esto generó que en distintos barrios quedaran por la mitad miles de construcciones que iban a resolver problemas concretos para mejorar la calidad de vida en los barrios populares.
Por ejemplo, en septiembre del año pasado, en el barrio Cumba de Pehuajó -de la provincia de Buenos Aires- se puso en marcha un plan de urbanización integral, que incluía obras de pavimento, gas, cloacas, agua, veredas y forestación. Todo ese proyecto quedó detenido. En varios casos estas obras sin terminar empeoraron la ya deteriorada situación de esas zonas. Como el caso del barrio Santa Paula, de Moreno, que hoy está atravesado por la zanja que fue abierta para colocar un pluvial. También una pila de escombros quedó acumulada en la plaza del barrio.
Desde el CELS, acompañamos la demanda de 11 barrios populares en Pehuajó, Moreno y Mercedes para que se reinicien las obras de integración socio urbana que se frenaron en diciembre de 2023. El juzgado federal de Pehuajó reconoció el alcance colectivo del caso y abrió la posibilidad de que otros barrios puedan sumarse al reclamo. A partir de esto, otros 34 barrios iniciaron sus propias demandas. Son barrios de distintos distritos del conurbano bonaerense, de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Río Negro y Chubut.
El derecho a la Integración Socio Urbana de las cinco millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares de todo el país está reconocido por la Ley N°27.453, que crea el Programa de Integración Socio-Urbana y los mecanismos para garantizar su financiamiento. Esta norma fue aprobada con amplio consenso parlamentario de las diferentes fuerzas políticas y fue reconocida por organismos locales e internacionales. Sus políticas fueron implementadas durante la presidencia de Macri y continuaron luego con Alberto Fernández.
La reciente decisión del gobierno incumple las obligaciones constitucionales y legales ya que reduce y busca eliminar la principal fuente de financiamiento para impulsar la integración socio urbana, sin contemplar la asignación de recursos alternativos. De no tomarse medidas urgentes, este escenario se agravará el año que viene, por la eliminación del impuesto PAIS y por la falta de asignación de partidas para el cumplimiento de estas políticas en el proyecto de presupuesto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Es fundamental no solo sostener sino también ampliar el financiamiento de estas políticas públicas. Su interrupción agrava la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad y al que por medio del FISU empezaban a darles algunas respuestas a sus reclamos largamente postergados.