Santiago Maldonado desapareció durante una represión ilegal y violenta de la Gendarmería el 1 de agosto de 2017. Su cuerpo sin vida apareció 77 días después, el 17 de octubre, en el río Chubut. Hoy se cumplen siete años de ese hallazgo que, sin embargo, no implicó el esclarecimiento del caso ni de las responsabilidades del Estado en un hecho de tal gravedad.
Durante 2016 y 2017 la entonces y ahora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó a las fuerzas federales en la Patagonia para cumplir con una demanda de los terratenientes y empresarios de la zona: terminar con las reivindicaciones territoriales de comunidades mapuche.
En lugar de proponer alguna vía de negociación para encontrar respuestas a la deuda histórica del Estado argentino con los pueblos indígenas, Bullrich y su jefe de gabinete Pablo Noceti decidieron resolver los conflictos sociales a través de la violencia estatal.
Para eso, le dieron la orden a las fuerzas federales de actuar en “flagrancia”, es decir, de perseguir y atacar a las comunidades en lucha allí donde las encontraran. Siguiendo esta orden, los gendarmes irrumpieron de manera ilegal en la comunidad Lof Cushamen, deteniendo con violencia a algunos de sus integrantes, destrozando e incendiando sus pertenencias. En esa desbandada provocada por los tiros y amenazas de los efectivos, algo pasó con Santiago. Todavía no sabemos qué, pero terminó con su vida.
La idea de “flagrancia” como forma de esquivar el control judicial y atacar a quienes protestan es la misma que se materializó en la Resolución 943/23, conocida como “protocolo anti piquetes”, que hoy se aplica para evitar las manifestaciones públicas en las ciudades.
La investigación posterior del caso estuvo plagada de marchas y contramarchas, cuyo denominador común es, hasta el momento, no poder establecer qué sucedió con Santiago en el Lof Cushamen, ni las responsabilidades estatales por la represión.
Foto: Leandro Tesseyre