Los organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestra preocupación y condena ante la sistemática violación de los derechos de los Pueblos y Naciones Indígenas por parte del Estado argentino. Violentamientos que, en estos últimos tiempos, se han recrudecido y fomentado desde diversos sectores del arco político, judicial, mediático y económico.
El Estado nacional pretende desconocer derechos constitucionales (art. 75 inc. 17, 19 y 22 de la Constitución Nacional) y convencionales de los pueblos indígenas (Convenio N° 169 de la OIT -Ley 24.071-, y Declaraciones de Naciones Unidas y Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscritas en 2007 y 2016, respectivamente).
Lamentablemente, el Gobierno actual continuó y profundizó los discursos estigmatizantes, discriminatorios y racistas contra los pueblos originarios, propiciando un clima de inseguridad jurídica y vulnerabilidad al poner en duda la legitimidad de los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes.
Producto de ello, se fueron dando hechos reprochables como los violentos y forzados desalojos a las comunidades de sus territorios ancestrales sin respetar la Ley de Emergencia Territorial Indígena, así como la escalada de violencia institucional y la criminalización de las comunidades indígenas a lo largo y ancho de toda la Argentina.
Este escenario se complejiza ya que en un hecho sin precedentes, recientemente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dispuso por resolución la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), organismo encargado de determinar los criterios para la inscripción y trámites de los pedidos de personería jurídica, lo que constituye un claro atropello a los derechos humanos de las comunidades y sus integrantes.
Situación que se agrava ante la suspensión de las solicitudes y trámites de inscripción de muchas comunidades que se encuentran actualmente en el RENACI, y por la falta de disposición de metodologías de trabajo, procedimientos y plazos para el desarrollo de supuestos acuerdos a celebrarse con las provincias para determinar criterios de inscripción, adecuación y transferencias de las personerías jurídicas a estas jurisdicciones.
A esta medida se suma la pretensión del Poder Ejecutivo Nacional de querer derogar por decreto la Ley 26.160, la cual pone freno a los desalojos y ordena el relevamiento de los territorios indígenas. Su posible inexistencia pone en situación de riesgo y desprotección jurídica a las comunidades, sus familias y territorios, además de dejar inconclusos los relevamientos ya que no han sido realizados en su completitud y sólo fueron ejecutados en su aspecto técnico
Además de las políticas públicas gestadas por el Poder Ejecutivo que junto a varios de sus ministros están provocando verdaderas catástrofes políticas y económicas, no se puede dejar de mencionar lo actuado por el Poder Judicial que acusa, enjuicia y condena a los y las integrantes de las comunidades indígenas de ser “usurpadores” de sus propios territorios y los desconoce como sujetos de derechos, demostrando en las audiencias y en sus resoluciones un aberrante grado de colonialismo estructural.
Asimismo, el Poder Legislativo debería cumplir con el mandato constitucional y ocuparse en sancionar la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, a los fines de dar seguridad jurídica y certeza sobre los derechos territoriales a las comunidades, un pendiente histórico con los pueblos indígenas.
Otro tema que nos preocupa y nos ocupa es la Ley de Bases y el RIGI, que vulnera y afecta no sólo a los pueblos indígenas sino a la sociedad toda, poniendo en peligro la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
En virtud de lo expuesto, los Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil, decimos:
Ante las medidas tomadas por el Gobierno nacional, incumpliendo con los mandatos constitucional y convencionales al ser ejecutadas de manera inconsulta con los pueblos indígenas, adherimos y acompañamos la Declaración de Emergencia Institucional y Territorial proclamada por los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes en Argentina.
Responsabilizamos al Gobierno nacional por la creación y aplicación de políticas públicas inconstitucionales e inconvencionales, en un claro retroceso legal en materia de derechos humanos en general, y de derechos de los pueblos indígenas en particular, afectando fundamentalmente la libre determinación de los pueblos, el derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada, y a los derechos territoriales.
Denunciamos el vaciamiento e incompetencia de los organismos nacionales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI) y el desfinanciamiento a la educación y la salud pública, todo lo cual afecta directamente a los pueblos indígenas.
Denunciamos y repudiamos el accionar del Poder Ejecutivo Nacional, el Congreso Nacional y de los Gobiernos provinciales que disponen acompañar el diseño e implementación de medidas que atentan contra los pueblos indígenas y afectan a la sociedad en su conjunto.
Hacemos un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a condenar estos hechos que atentan contra la vida en todas sus formas.
Acompañamos a los Pueblos y Naciones Indígenas en esta situación de emergencia, cuya resistencia y lucha constituyen un importante ejemplo para todxs al oponer a la violencia institucional, al racismo estructural y al negacionismo, la dignidad y fortaleza ancestral.
Organizaciones firmantes
SERPAJ Servicio Paz y Justicia
XUMEK Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos
ANDHES Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales
Amnistía Internacional
ENDEPA Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
CELS Centro de Estudios Legales y Sociales
AIDA Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
APDH Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
AADI Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena
CEPPAS Centro de Políticas Públicas para el Socialismo
La Gremial Asociación Gremial de Abogados y Abogadas
INCUPO Instituto de Cultura Popular
AAJ Asociación Americana de Juristas
Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática
RAAC Red Argentina de Abogacía Comunitaria
CAIP Coordinadora de Abogadxs de Interés Público
ALAMES Asociación Latinoamericana de Medicina Social