Vivieron persecución, violencia y hostigamiento estatal por su identidad de género. Se las criminalizó por sus atributos personales y no por sus prácticas. El dispositivo estatal se direccionó contra el colectivo que integran, en forma de detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se aplicaron edictos policiales y contravenciones, que posibilitaron un ecosistema represivo. Las fuerzas policiales avasallaron, en circuitos legales e ilegales, a quienes entonces eran en su mayoría jóvenes adultas pero, también, adolescentes y niñas. Esto ocurrió durante la última dictadura y, con particular intensidad, desde 1983 hasta 2012.
Ahora, con el patrocinio legal del CELS y el acompañamiento del Archivo de la Memoria Trans, trece mujeres trans y travestis decidieron accionar contra el Estado para que reconozca toda esa violencia institucional y, en carácter de reparación integral, les garantice el derecho a la seguridad social.
Ellas son María Belén Correa, Lara María Bertolini (Diversidad y Justicia), Marcela Ángela Saibek, Andrea Soledad Vargas, Candela Nicolosi, Nicole Valentina Chavez, Paula Ezkerra Rodríguez (T.A.E. Trans Argentinas Exiliadas), Wanda Eliana Galeano (Biblioteca Claudia Pia Baudracco), Ivana Tintilay (Puta Orgullosa), Alma Rosacintia Agüero, Patricia Alexandra Rivas, (Históricas Argentinas Sobrevivientes), Dalia Silvana Álvarez Valverde y Romina Campo.
Es que la violencia institucional y las condiciones estructurales de discriminación hicieron que este grupo de mujeres trans y travestis no pudiera cumplir con los requisitos básicos para acceder a una jubilación o pensión: haber cumplido 60 o 65 años y contar con 30 años de aportes. Durante décadas, fueron empujadas a formas de vida en la clandestinidad, con su condición de sujetas de derecho suspendida, a veces parcial y a veces completamente. Vieron cómo esas vulneraciones repercutieron en otros derechos: no tener las posibilidades para el libre desarrollo personal, el derecho a la salud, a la integridad personal, a la educación y a una vida digna.
El pedido es entonces que el Estado argentino lo reconozca, extienda los alcances de la Ley 24.241 de “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones” y les dé una prestación básica universal.
Para presentar la acción de amparo, realizamos una conferencia de prensa que se puede ver completa acá