La justicia en lo contencioso administrativo federal reafirmó el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a los comedores y espacios comunitarios de la Argentina. El juez Walter Lara Correa, en el amparo colectivo que iniciamos la UTEP y el CELS, resolvió la cuestión de fondo y sostuvo que la continuidad de las políticas alimentarias no representan un “privilegio para sus destinatarios/as”, por el contrario, son “una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la Administración Pública Nacional no incurra en responsabilidad internacional”
El juez agregó que el gobierno nacional debe mantener actualizado el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (Renacom) y actuar rápidamente en el caso de las organizaciones que tienen convenios en trámite para acceder precisamente a las prestaciones alimentarias. Además, dijo que las respuestas del Estado a los pedidos de las organizaciones sociales no deben ser discriminatorias, tienen que incluir todas las iniciativas posibles para hacer efectivas las políticas alimentarias. También le indicó que debe informar mensualmente sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas a través de los cuales se busca garantizar el derecho a la alimentación como el “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, el “Programa Alimentar Comunidad”; el “Programa Prestación Alimentar” y el “Programa Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004”.
En definitiva, tal como reclamamos en la acción de amparo, las políticas alimentarias que se aseguran a través de los espacios comunitarios “están encaminadas a mitigar el posible aumento de las desigualdades e impedir que se vean afectados los derechos de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados”. Por esta razón, de acuerdo a la sentencia, deben sostenerse y mejorarse de forma progresiva y sin dar pasos atrás.
En el amparo colectivo que presentamos en febrero pasado reclamamos que el Ministerio de Capital Humano garantice el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente.
En diciembre de 2023, apenas asumió el gobierno de Javier Milei, los comedores y merenderos comunitarios dejaron de recibir alimentos. Mientras, la necesidad de acceso a un plato de comida se incrementó producto de la crisis económica y social agudizada por el ajuste del propio gobierno. Mes a mes, la pobreza fue en aumento y las filas de familias en los comedores se hicieron cada vez más largas. Esta situación afecta especialmente a mujeres, niños y personas mayores.
A la acción colectiva se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps. También la defensora pública oficial federal, Florencia Plazas, quien interviene y reclamó en el proceso colectivo en representación de todos los niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una alimentación adecuada, como consecuencia de las medidas adoptadas por el ministerio a cargo de Sandra Pettovello. En julio la justicia federal le había ordenado al Ministerio de Capital Humano garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los espacios comunitarios por estar en riesgo el derecho a la alimentación de amplios sectores sociales.
A diferencia de lo que sostiene el gobierno, las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas no son suficientes para resolver la integralidad y multicausalidad de este problema, no mitigan los efectos del fuerte aumento de la pobreza y la desnutrición, ni alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado en los servicios sociales y en el apoyo a las organizaciones territoriales.