La jueza federal María Romilda Servini sobreseyó definitivamente a 11 de las 33 personas detenidas durante las protestas del 12 de junio contra la Ley Bases. La medida llegó después de meses en los que se analizaron de forma detallada los videos que el mismo día de la manifestación circularon en redes y medios de comunicación, y donde podía verse con claridad que no habían cometido ningún delito.
La represión de la protesta por la Ley Bases fue el punto más alto de la escalada de violencia del gobierno contra quienes se manifiestan en las calles. Al uso de gases, balas de goma, camiones hidrantes para impedir que pudieran manifestarse, se sumó la detención indiscriminada de personas. Santiago Adano, Gabriel Famulari, Nora Longo, Mía Ocampo, Belén Ocampo, Remigio Ocamó, Matías Ramírez, María de la Paz Cerruti, Rubén Dirroco, Mateo D’ettore y Germán Moyano son once de quienes en aquella jornada terminaron con detenciones y traslados a cárceles federales. Lo hicieron con acusaciones como “incitar a la violencia colectiva; imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o la intimidación, infundiendo temor público y suscitando desórdenes a la vez de erigirse en un posible alzamiento contra el orden constitucional y la vida democrática”.
El fiscal Carlos Stornelli pidió la prisión preventiva para las 33 personas detenidas, sin presentar pruebas ni fundamentos sólidos que demostraran un riesgo de que se fugaran o pudieran entorpecer la investigación. Lo único que presentó para sustentar sus pedidos fueron tres enlaces de sitios web, uno con declaraciones públicas del Poder Ejecutivo difundidas en redes sociales y los otros dos con notas periodísticas. En estas notas el gobierno caracterizó a quienes se manifestaban como terroristas.
Varias de estas personas fueron tratadas como detenidas de máxima peligrosidad. Se las trasladó a penales federales, donde sufrieron vejaciones y se las interrogó acerca de su participación política y su ideología.
Una semana después, Servini dictó la falta de mérito para 28 y dispuso su libertad, luego de considerar que no había elementos suficientes ni para imputarlas ni para sobreseerlas. Recién ahora dictó el sobreseimiento para 11 de ellas; 17 siguen esperando que se resuelva su situación en el mismo sentido. Hay cinco con procesamientos, que aguardan juicio oral por delitos menores. En ninguno de los casos la jueza sostuvo la acusación desmesurada del fiscal Stornelli que pretendía considerar a las personas que se manifestaron como terroristas.
Según el escrito firmado por la jueza, a través del análisis de videos –algunos presentados por las defensas y otros que circulaban en redes sociales y medios de comunicación desde el mismo momento en que se produjeron las detenciones– pudo confirmar las palabras de las personas acusadas. Todas ellas en sus testimonios contaron los pormenores de sus detenciones, el sometimiento por la fuerza, el abuso policial incluso cuando ya estaban reducidas. La familia Ocampo, por ejemplo, que se dedica a la venta ambulante de comida, narró que estaban trabajando en las inmediaciones del Congreso cuando fueron detenidxs. Los videos confirmaron esos dichos.
En otros casos, incluso reconocen que estuvieron allí para protestar, pero las imágenes eran claras: estaban ejerciendo su derecho a manifestarse. El tratamiento que recibieron fue criminalizante y no sólo tuvo un impacto sobre sus vidas personales. Las detenciones arbitrarias, las causas penales sin pruebas, los procesos aún abiertos, son mensajes aleccionadores para cualquiera que quiera manifestarse públicamente.
Esta sentencia es clave para avanzar en la investigación que la justicia sigue para determinar cómo fue la actuación de las fuerzas de seguridad durante el despliegue represivo. La confirmación de que estas detenciones fueron arbitrarias, basadas en hechos inventados por la policía, confirma que hubo un abuso en sus funciones.
Foto: Susy Maresca.