El 19 y 20 de diciembre de 2001 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de nuestro país. Aquellos días, en medio de una crisis económica, social y política sin precedentes, miles de personas salieron a las calles para expresar su descontento con un modelo de exclusión y desigualdad que había alcanzado un punto límite. Las manifestaciones espontáneas y masivas fueron reprimidas de manera violenta por las fuerzas de seguridad. El saldo fue 39 personas asesinadas y cientos de heridas, además de una huella que marcó la memoria colectiva del país y abrió un momento de politización, participación y debates cotidianos y asamblearios sobre el futuro común.
La dimensión de la represión de aquellos días no solo se midió en cifras, sino también en el impacto simbólico y político que tuvo sobre la sociedad argentina. Las imágenes de balas, gases lacrimógenos y personas golpeadas en plena Plaza de Mayo mostraron cómo el Estado optó por responder con violencia a las demandas de justicia y dignidad. Este episodio, lejos de ser un hecho aislado, evidenció la desconexión entre una clase política en crisis y una ciudadanía hastiada de promesas incumplidas y ajustes estructurales.
A pesar del paso de los años, la búsqueda de justicia por los crímenes del 19 y 20 de diciembre ha sido un camino lleno de obstáculos. Si bien hubo avances significativos, como la condena en 2016 a altos funcionarios responsables de dar la orden de represión, como Enrique Mathov, entonces secretario de Seguridad, y Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal, las penas quedaron firmes recién en 2024. En ese juicio representamos a las familias de Gastón Riva y Diego Lamagna. Este proceso representó un hecho histórico al condenar no solo a ejecutores directos, sino también a quienes diseñaron y avalaron la estrategia represiva desde el ámbito político. Sin embargo, muchos otros responsables políticos y operativos, incluidos quienes integraban las cadenas de mando intermedias y provinciales y quienes participaron en los operativos de control y represión, nunca enfrentaron un reproche judicial. Fernando de la Rúa, presidente en ese momento y quien dispuso el estado de sitio, fue sobreseído.
En este aniversario, se renueva la exigencia de justicia y reconocimiento para las víctimas y sus familias. Las organizaciones de derechos humanos insistimos en la necesidad de avanzar en la desclasificación de archivos relacionados con aquellos días para esclarecer las responsabilidades de los hechos. La verdad sobre lo ocurrido no solo es una deuda con quienes perdieron la vida, sino también un paso esencial para fortalecer la democracia y evitar la repetición de estas tragedias.
El 19 y 20 de diciembre de 2001 también dejó un legado de resistencia y organización popular. Las asambleas barriales, los cacerolazos y la construcción de nuevos espacios de participación ciudadana emergieron como respuestas creativas y transformadoras a la crisis. Este espíritu de lucha por una sociedad más justa y equitativa sigue vivo en muchas de las luchas actuales.
Un aniversario no es solo una fecha en el calendario, es una oportunidad para disponernos a un acto de memoria, un recordatorio de que los derechos y libertades que conquistamos son el resultado de las luchas colectivas y que su defensa es una tarea permanente.
Foto: Diego Levy.