El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la ciudad de Buenos Aires condenó a la pena de prisión perpetua al ex oficial de la ESMA, Horacio Luis Ferrari, por delitos cometidos en perjuicio de 240 víctimas secuestradas en ese centro clandestino de detención.
Bajo el apodo de “Pantera”, Ferrari fue parte del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA durante 1977. El trabajo del Equipo de Relevamiento y Análisis de documentación de las Fuerzas Armadas -desmantelado en abril pasado por el ministro de Defensa Luis Petri- permitió establecer que se incorporó a la ESMA en enero de ese año, según quedó asentado en el libro de partes mensuales del ARA Rosales. Reconstruir su actividad demandó una importante tarea debido a que su legajo había sido notoriamente adulterado.
Por eso, en el veredicto, el tribunal ordenó que se investiguen las adulteraciones realizadas sobre los legajos del imputado y el Libro de Navegación del buque Destructor ARA Rosales.
A pesar de estas maniobras en busca de la impunidad, durante el juicio se pudo acreditar que Ferrari integró la estructura criminal del GT 3.3.2 y que sus tareas fueron operativas, es decir, que secuestraba personas y las trasladaba al centro clandestino de detención para que sean sometidas a torturas y condiciones inhumanas de vida. Entre las numerosas pruebas, se incluyeron testimonios de varios sobrevivientes que lo reconocieron como el represor apodado “Pantera”. Además, su nombre completo figura en un listado de personal condecorado por el jefe de la Armada Emilio Massera en 1978 por su “Heroico Valor en Combate”.
De acuerdo a lo corroborado durante la investigación judicial al momento de los hechos Ferrari era teniente de fragata y, tras su paso por el centro clandestino de detención, fue ascendido a teniente de navío. En democracia, alcanzó el grado de contralmirante y se llegó a desempeñar como jefe de la Base Naval de Puerto Belgrano y jefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Armada.
En este juicio, que comenzó en octubre de 2023, querellamos en representación de los casos de Marta Álvarez, Graciela García Romero, Alcira Fidalgo, Mercedes Bogliolo, Gustavo Grigera y el grupo de la Iglesia Santa Cruz, en forma conjunta con las querellas representadas por Pablo Llonto.