El gobierno de Javier Milei derogó la ley de emergencia territorial indígena 26.160, que suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus tierras ancestrales. En el decreto el gobierno reconoce que hay más de 250 conflictos territoriales, pero opta por dejar desprotegidos a los pueblos originarios para favorecer a “los legítimos propietarios”. Con frecuencia se trata de empresas o particulares que buscan avanzar sobre territorios comunitarios para desplegar distintos negocios: minería, hidrocarburos, inmobiliario, turístico. Algunos de estos sectores hoy son beneficiados por el RIGI, por lo que los incentivos para desalojar a las comunidades es todavía mayor.
La ley era una herramienta de protección frente a la criminalización de esas comunidades que defienden sus derechos, por eso se vuelve indispensable su vigencia. Daba una respuesta, aunque fuera parcial, a una deuda del Estado argentino con los pueblos originarios y a cumplir con obligaciones asumidas por el Estado ante organismos internacionales de derechos humanos.
Su aplicación, en particular en los últimos años, fue tibia y errática: los relevamientos de territorios apenas avanzaron y la 26.160 se prorrogó por decreto presidencial, una situación jurídica precaria que ahora permitió su derogación. Tampoco se avanzó en un proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena. La derogación actual deja en una situación de aún mayor desamparo a las miles de comunidades indígenas que siguen sin poder vivir con tranquilidad en los territorios donde habitan desde siempre. Vamos a informar de la derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte IDH y a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.
Distintos funcionarios oficialistas despliegan un discurso racista -presentes en los fundamentos del decreto- contra los pueblos indígenas y niegan el carácter pluricultural y plurinacional de nuestro país. A mitad de noviembre, la Argentina fue el único país en votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de un proyecto de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En ese contexto el gobierno tomó la decisión de derogar la ley en la que se sostenía la principal política pública de reconocimiento territorial que tenían las comunidades del país.
En 2020, La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina e intimó al Estado a tomar medidas reparatorias para cumplir con los derechos de los pueblos originarios, entre ellos su derecho a la tierra. Esta obligación sigue vigente.
Foto: Susi Maresca.