En diciembre de 2023 presentamos un amparo colectivo contra el protocolo que criminaliza la protesta impulsado por el Ministerio de Seguridad de Nación. La resolución 943/23 considera a las manifestaciones públicas que afecten la circulación como un delito en flagrancia. Con esa herramienta, durante todos estos meses, las fuerzas de seguridad reprimieron marchas y detuvieron a quienes participaban de ellas. Después de que nuestra presentación pasara por distintos jueces y fueros, finalmente el juzgado contencioso que lleva ahora la causa pidió que se haga pública una convocatoria a todas las organizaciones y personas que sientan que fue afectado o restringido su derecho a protestar, para que puedan intervenir en el proceso.
De esa manera, pueden sumarse movimientos sociales, sindicatos, centros de estudiantes o cualquier otro colectivo o persona que se manifieste o exprese en el espacio público por cualquier causa. No es requisito formar parte de ninguna organización para incorporarse al amparo. El plazo para inscribirse vence el 6 de febrero de 2025. Para facilitar la adhesión, compartimos un instructivo con los detalles para formar parte de este reclamo y un modelo de escrito para la acción judicial.
El protocolo 943/2023 permite la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. También contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
En nuestro amparo señalamos que la resolución lesiona, restringe, altera y amenaza una serie de derechos garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos, como el de la protesta, la libertad de expresión, de petición y de reunión.
Foto: Susi Maresca