En diciembre de 2023 presentamos un amparo colectivo contra el protocolo que criminaliza la protesta impulsado por el Ministerio de Seguridad de Nación. La resolución 943/23 considera a las manifestaciones públicas que afecten la circulación como un delito en flagrancia. Con esa herramienta, durante todos estos meses, las fuerzas de seguridad reprimieron marchas y detuvieron a quienes participaban de ellas. Después de que nuestra presentación pasara por distintos jueces y fueros, finalmente el juzgado contencioso que lleva ahora la causa pidió que se haga pública una convocatoria a todas las organizaciones y personas que sientan que fue afectado o restringido su derecho a protestar, para que puedan intervenir en el proceso.
De esa manera, pueden sumarse movimientos sociales, sindicatos, centros de estudiantes o cualquier otro colectivo o persona que se manifieste o exprese en el espacio público por cualquier causa. No es requisito formar parte de ninguna organización para incorporarse al amparo. El plazo para inscribirse vence el jueves 19 de diciembre. Para facilitar la adhesión, compartimos un instructivo con los detalles para formar parte de este reclamo y un modelo de escrito para la acción judicial.
El protocolo 943/2023 permite la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. También contiene disposiciones para recabar información y luego criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
En nuestro amparo señalamos que la resolución lesiona, restringe, altera y amenaza una serie de derechos garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos, como el de la protesta, la libertad de expresión, de petición y de reunión.
Foto: Susi Maresca