El 6 de enero, la policía porteña ejecutó un desalojo en Olazábal al 3400, barrio porteño de Belgrano, donde vivía un grupo de 20 familias, algunas de ellas, hace más de 35 años. La obra fue parada hace 60 años y hace décadas estas personas la convirtieron en sus casas.
La historia de la llegada de estas familias al llamado “Elefante blanco de Belgrano” empezó en 1977, después de que la empresa constructora a cargo del edificio se declarara en quiebra. En ese momento, el edificio pertenecía al Estado nacional, ya que en 1972 lo había comprado en una subasta, pero jamás lo inscribió en el Registro de Propiedad Inmueble. En este contexto y con la obra inconclusa, sumado al permiso del síndico las primeras familias se fueron ubicando en los departamentos sin terminar con la intención y promesa de acondicionarlo.
Los años pasaron, las distintas generaciones de estas familias siguieron viviendo allí y habitando nuevos espacios. Incluso, muchas de las personas que están acusadas de usurpación viven en ese edificio desde que nacieron.
Hasta que en 2022 otra constructora entró en escena adjudicándose la propiedad del inmueble. En ese momento empezó este proceso judicial en el que se acusa a las familias del delito de usurpación y que ahora derivó en el desalojo.
En el amicus presentado pedimos que se revoque la orden de desalojo y se ordene la restitución del inmueble a las familias y que se sobresea a las personas imputadas. También que se requiera al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad que elabore un informe socio-económico y habitacional de las familias afectadas, en el que se identifique adecuadamente la cantidad de niños/as y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad que habitaban el inmueble desalojado y que se asegure la debida intervención del Ministerio Público Tutelar en esta causa, en defensa de los derechos de los/as niñas, niños y adolescentes que han sufrido este desalojo y cuyos intereses y derechos no han sido considerados por el Juzgado de primera instancia.