Organizaciones de derechos humanos en América Latina expresamos nuestra profunda preocupación por la crítica situación de derechos humanos que enfrenta la población en Venezuela. Durante los últimos meses, hemos atestiguado un incremento en actos de hostigamiento y criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país, así como severos actos de represión de cara a la toma de posesión presidencial del día 10 de enero de 2025.
Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, la crisis de derechos humanos en Venezuela se agravó, y la represión generalizada aumentó. Hemos documentado y tenido conocimiento de arrestos masivos y selectivos en contra de opositores, manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, así como de desapariciones forzadas y actos de tortura en su contra. Actualmente, hay más de 2.300 personas detenidas arbitrariamente, incluidos 33 niños y más de 200 mujeres, además se ha documentado la muerte bajo custodia de al menos 20 personas privadas de la libertad por razones políticas.
El Estado venezolano ha seguido hostigando y criminalizando sistemáticamente a las personas defensoras y a las organizaciones de la sociedad civil. Desde 2024, las y los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda se encuentran detenidos arbitrariamente. Además, el 7 de enero de 2025, el director ejecutivo de la organización Espacio Público, Carlos Correa, fue detenido arbitrariamente y actualmente se encuentra desaparecido, situación que nos preocupa profundamente.
Desde las elecciones presidenciales, el gobierno de Venezuela no solo ha promovido actos de intimidación, hostigamiento, censura, detenciones arbitrarias de corta y larga duración, ataques digitales, entre otros, en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, sino también, ha consolidado un marco legal restrictivo que limita gravemente el espacio cívico y democrático en el país.
Esta crisis de violaciones generalizadas contra la sociedad civil y las personas defensoras no es nueva, sino parte de una estrategia sistemática para silenciar las demandas de verdad y justicia, en un contexto de impunidad generalizada. Desde 2022 hasta la fecha más de 1,300 ataques contra personas defensoras se han documentado, con un 78% de los casos vinculados al Estado.
Por todo lo anterior, urgimos al Estado venezolano:
-A poner fin de inmediato a los actos de represión, hostigamiento y criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, garantizando su integridad y liberando a todas las personas detenidas arbitrariamente.
– A que se respete el derecho a la libertad de expresión y manifestación, asegurando que las fuerzas de seguridad respeten los estándares internacionales, regulando el uso de la fuerza y evitando cualquier medida que limite estos derechos.
También llamamos a los Jefes de Estado de nuestros países, a:
-Priorizar la situación crítica de derechos humanos que enfrenta el país y pronunciarse enérgicamente sobre las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura que se están cometiendo en contra de personas defensoras de derechos humanos, personas que ejercen su derecho a la manifestación y libertad de expresión, así como en contra de las personas que son considerantes disidentes o de oposición.
-Urgir la libertad de todas las personas presas políticas y en particular, la de niños, niñas y adolescentes detenidos en el marco del contexto electoral.
-Permanecer vigilantes de la aplicación de leyes y marco normativo en vigor, el cual profundizará la criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil e implicará el cierre del espacio cívico y democrático en el país.
Las organizaciones abajo firmantes, también hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a continuar denunciando las violaciones a derechos humanos ocurridas en Venezuela y solidarizarse con las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos afectadas. El Estado Venezolano debe asegurar la rendición de cuentas y la sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos documentadas y denunciadas.
Firmas:
Amaruss Guendanavanii Ixtepec A.C- México
Apuesta Solidaria AC- México
APORVIDHA- Perú
APUK – Servicios Legales Comunitarios- Ecuador
ARTICLE 19 – Oficina para México y Centroamérica- México
Asociación por las Infancias Transgénero- México
Caribe Afirmativo- Colombia
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)- México
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C- México
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.- México
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- Regional
Ciesas-Golfo- México
Clóset de Sor Juana A.C – México
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C- México
Comité Permanente por la Defensa de los Derecho Humanos- Ecuador
Consultora Solidaria SC-Mexico
Corporación Femmm- Colombia
Corporación Humanas- Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género- Chile.
Documenta- México
Due Process of Law Foundation- El Salvador/Washington D.C.
Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diverdidad Sexual- México
Fundación Ecuatoriana Equidad- Ecuador
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)- México, Honduras, Guatemala y El Salvador
Fundar, Centro de Análisis e Investigación- México
Honduras Diversa- Honduras
IAN LGBT- México
Instituto de Justicia Procesal Penal. A.C- México
Instituto Promoviendo Desarrollo Social IPRODES- Perú
Izquierda Verde- México
Jóvenes por una Salud Integral A. C- México
Justicia Transicional Mexico, Estrategias contra la Impunidad A.C.
Mexico
Kalli Luz Marina A.C.- México
Misioneras de la Inmaculada Concepción- Paraguay
Observatorio de Designaciones Públicas- México
Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTI+ en México- México
Paz y Esperanza- Perú
Pensamiento y Acción Social (PAS)- Colombia
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato -México
Promsex- Perú
Red LESLAC – Red de Organziaciones de Lesbianas y Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe- Regional
Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura- México
Red Migrantes del Sur- Mexico
Robert F. Kennedy Human Rights- Estados Unidos
Sociedad de Profesionales por la Dignidad y la Justicia -IUS DIGNITAS-
Guatemala
Spatium Libertas A.C -México
Organización Mundial Contra la Tortura- Internacional/ Regional
Universidad Alberto Hurtado- Chile
Universidad Jesuita de Paraguay- Paraguay
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe- Regional
Valientes de corazón – Ecuador
Xumex- Argentina
Y las Mujeres Qué- México