Nicolás Heredia fue detenido el 5 de febrero mientras participaba como voluntario para mitigar los incendios en la región de Mallín Ahogado, en Río Negro. A pesar de que otras personas que fueron arrestadas junto a él fueron liberadas pocas horas después, Heredia fue acusado de “incendio en grado de tentativa” y el juez Ricardo Calcagno le impuso prisión preventiva por 30 días. Este 11 de febrero, seis días después de su detención, el juez encargado de revisar la apelación, Sergio Pichetto, en la audiencia de revisión, confirmó la prisión. La decisión judicial carece de fundamentos objetivos.
La prisión preventiva sólo debe aplicarse cuando hay un riesgo concreto de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En el caso de Heredia, la fiscalía argumentó un presunto peligro de fuga debido a que no tiene domicilio en la provincia de Río Negro, pero la defensa presentó documentación que demuestra que reside en Senillosa, Neuquén, donde trabaja y vive con su familia. Así, el principal argumento para su detención no tiene validez. El juez Calcagno justificó la medida con el argumento de que Heredia podría interferir en la investigación, especialmente en el peritaje de una botella con líquido presuntamente inflamable. Sin embargo, la botella está en poder del Poder Judicial, por lo que resulta absurdo sostener que Heredia podría obstaculizar su análisis. La falta de evidencia directa convierte su detención en una medida arbitraria y desproporcionada.
Estas decisiones judiciales no son inocuas. Las comunidades de Río Negro y Chubut están directamente comprometidas en todo tipo de tareas que contribuyan a contener el fuego. Las dimensiones del territorio arrasado son hasta ahora tres veces más grandes que en años anteriores, la reacción estatal para combatir el fuego es caótica y errática. En ese contexto, quienes ponen directamente el cuerpo y el tiempo para tareas de mitigación son vecinos y vecinas con el impulso de la solidaridad y el cuidado de sus lugares. La persecución policial y judicial a brigadistas voluntarixs atenta contra el compromiso social, desalienta la participación, genera miedo y desconfianza en las instituciones y, finalmente, deja avanzar los incendios. ¿Quién va a ayudar si puede terminar en la cárcel? Nicolás es víctima de una detención arbitraria. En lugar de enfocarse en identificar las verdaderas causas de los incendios y las responsabilidades institucionales en su manejo, el sistema de justicia optó por criminalizar a un voluntario.
El escenario es más complejo, porque se inscribe en una tendencia de criminalización de comunidades indígenas y defensores ambientales en la Patagonia. La justicia de Chubut intensificó su hostigamiento hacia las comunidades mapuche y ordenó allanamientos en domicilios particulares y medios de comunicación comunitarios. Esta estrategia no sólo refuerza una narrativa de estigmatización, sino que busca deslegitimar la lucha territorial y ambiental de estos pueblos.
Este enfoque represivo y racista se refuerza con el discurso de funcionarios como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien a pesar de que no existen pruebas, insiste en vincular a las comunidades indígenas con la intencionalidad de los incendios. Esas declaraciones alientan el uso arbitrario del derecho penal contra los sectores más vulnerables de la población.
El uso del discurso antiterrorista para justificar detenciones arbitrarias y allanamientos sin pruebas objetivas representa una grave amenaza para los derechos y las libertades de las personas. La instrumentalización del sistema penal bajo esta lógica no sólo pone en riesgo a personas como Nicolás Heredia, sino que también erosiona el derecho a la protesta y a la defensa del territorio.
El Poder Judicial, por otra parte, no está haciendo el debido control de las tareas policiales. Eso se pudo ver en las numerosas detenciones policiales de la última semana a defensores ambientales sin que se convaliden judicialmente. El punto es que esas detenciones nunca deberían haber ocurrido. En cambio, la policía sin control alguno avasalló los derechos de quienes se involucran en la protección del ambiente y de las comunidades locales. La justicia patagónica no está lejos de la misma arbitrariedad.