La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchará testimonios sobre los crímenes cometidos en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Argentina. En una audiencia que se realizará el lunes 3 de marzo a las 18hs, acompañaremos a los familiares de Diego Lamagna y Gastón Rivas, dos jóvenes asesinados mientras protestaban en las calles. También le pedimos a la CIDH que se discuta cómo deben actuar las fuerzas de seguridad durante las protestas y los estallidos sociales para no que no se pongan en riesgo las vidas de las personas que se manifiestan.
Tratar la represión de 2001 es una nueva oportunidad para que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos reafirme sus criterios sobre el derecho a la protesta y los deberes del Estado para proteger la integridad y la libertad de las personas. Además permite establecer las formas de investigar las ejecuciones cometidas por agentes de las fuerzas de seguridad y definir estándares sobre la declaración de estado de excepción, fundamental en el actual contexto de la región.
Los crímenes de Lamagna y Riva evidenciaron el funcionamiento represivo del Estado ante estallidos sociales y los problemas del poder judicial para dar una respuesta adecuada. En todo este tiempo el Estado argentino no creó las condiciones para evitar que sucedan nuevamente hechos como los del 19 y 20 de diciembre de 2001. Al contrario, desde diciembre de 2023, el actual gobierno nacional impulsa políticas que restringen el derecho a la protesta, en contra de lo que dice la Constitución y los tratados y estándares internacionales de derechos humanos.
Qué pasó en 2001
Durante el 19 y el 20 diciembre de 2001 se produjeron estallidos sociales en distintos puntos de Argentina. En medio de una gran crisis social comenzaron masivas protestas en rechazo de las medidas económicas del gobierno de Fernando de La Rúa. Los reclamos se intensificaron con la declaración de un Estado de excepción dictado en contra de las reglas constitucionales.
La represión de las fuerzas de seguridad causó la muerte de 39 personas y que cientas fueran heridas y detenidas. En los alrededores de la Plaza de Mayo, durante el 20 de diciembre ocurrieron cinco homicidios, entre ellos los de Gastón Riva y Diego Lamagna. Desde entonces el poder judicial no se pronunció sobre las condiciones que deben asegurarse para la declaración de un Estado de emergencia y dio una respuesta deficiente sobre quienes habilitaron la represión.