El martes 28 de enero se llevó a cabo la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Julio Garcia Romero contra Ecuador. García Romero, periodista de nacionalidad chilena, falleció asfixiado por gases lacrimógenos el 19 de abril de 2005 mientras registraba imágenes de la represión policial a la protesta social contra el gobierno ecuatoriano de ese momento.
La familia de Julio García Romero reclamó a las autoridades y al poder judicial una investigación adecuada que permitiera identificar y juzgar a los responsables de la muerte del periodista, pero el caso aún permanece impune.
El CELS y RFK Human Rights nos presentamos como amicus curiae ante la Corte Interamericana con un aporte sobre la importancia de proteger el derecho a la protesta, la libertad de expresión y el trabajo de la prensa en contextos de manifestaciones públicas. Además, analizamos el impacto que tiene el uso de armamento “menos letal” en la represión de la protesta social en nuestra región y la necesidad de una regulación que limite el uso injustificado de la fuerza.
Por qué el caso tiene también impacto en la actualidad
Porque con su sentencia, la Corte tiene en este caso una oportunidad de crear estándares novedosos para la región.
En primer lugar, están en juego el derecho a la protesta y la protección especial a quienes realizan trabajo de prensa en ese contexto. En abril de 2005, el gobierno de Ecuador desplegó un operativo desmedido con objetivo único de dispersar las protestas. En el caso se cuestiona cuáles son los criterios y las circunstancias que habilitan la intervención de las fuerzas de seguridad en protestas y los límites para su actuación.
Además es una oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre el uso de armamento menos letal por parte de fuerzas públicas de seguridad, en particular en contextos de protesta. En el caso de la protesta en la que murió Garcia Romero, la policía hizo un uso desproporcionado de gases lacrimógenos que, además, fueron arrojados hacia grupos de personas ocasionando daños mucho mayores.
Finalmente, la investigación ineficiente del caso y la falta de explicaciones por parte de los funcionarios que intervinieron (tanto políticos como fuerzas de seguridad), permite a la Corte tener la oportunidad de pronunciarse sobre el deber de investigar, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y el derecho a la reparación.