El Operativo Independencia fue una acción militar represiva desplegada en la provincia de Tucumán a partir de febrero de 1975, con el objetivo declarado de “aniquilar el accionar subversivo”. Con un decreto de la presidenta María Estela Martínez de Perón, marcó el inicio de una estrategia sistemática de persecución y violencia estatal que se profundizó con el golpe de Estado de 1976. En octubre de 1975, la orden se extendió a todo el territorio nacional.
El operativo se caracterizó por la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, con desapariciones forzadas, secuestros, torturas, asesinatos, violaciones. Las fuerzas represivas atacaron a militantes sociales y políticos, integrantes de organizaciones estudiantiles, sindicales y religiosas. Además, reprimieron con especial dureza a los trabajadores de los ingenios azucareros, una de las bases de la organización gremial en la región.
Uno de los elementos más notorios del Operativo Independencia fue el inicio de centros clandestinos de detención como piezas fundamentales de la metodología represiva, con la Escuelita de Famaillá como el primero en la Argentina. Este modelo se replicó en todo el país durante la dictadura y permitió la consolidación de una red que incluyó al menos 814 centros clandestinos, donde el Estado implementó métodos sistemáticos de secuestro, tortura y exterminio. El Operativo Independencia no solo sentó las bases de la represión ilegal y clandestina, sino que también estableció estrategias aplicadas luego a nivel nacional.
A pesar de la contundencia de las pruebas y las condenas judiciales, hay sectores de la sociedad que reivindican el Operativo Independencia. Este discurso justifica y minimiza la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes de lesa humanidad, al mismo tiempo que niega las evidencias probadas en múltiples juicios. Pero, sobre todo, ese discurso deshumaniza grupos sociales y busca ampliar los límites de la violencia estatal actual: cuando presentan la represión ilegal como una respuesta legítima, los sectores en tensión con el poder estatal entran en zona de riesgo.
En el ámbito judicial, los crímenes del Operativo Independencia fueron investigados y juzgados en dos oportunidades, con 270 casos examinados y 18 personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Entre las violaciones cometidas se encuentran desapariciones forzadas, tormentos, privación ilegítima de la libertad, violaciones y homicidios. Los tribunales determinaron que estos crímenes formaron parte de un plan sistemático de aniquilación y evidenciaron la responsabilidad del Estado en su ejecución.
La búsqueda de justicia sigue en curso. El 17 de febrero comenzará el juicio “La Fronterita”, que abordará los crímenes cometidos en un centro clandestino de detención dentro de un ingenio azucarero en Famaillá. Cuatro empresarios enfrentan acusaciones por colaborar con el Ejército al ceder instalaciones, aportar vehículos y proporcionar información sobre los trabajadores. La causa busca esclarecer la responsabilidad empresarial en la represión y fortalecer el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina.