En diciembre de 2023 presentamos un amparo colectivo contra el protocolo que criminaliza la protesta social impulsado por el Ministerio de Seguridad, al que se sumaron decenas de organizaciones, colectivos y personas individuales. Le solicitamos al juez esta semana ser representantes legales de quienes sintieron sus derechos afectados y que se inicie el proceso de incorporación de pruebas. Como muestra de esa afectación, denunciamos además la represión con golpes y gases a jubiladas y jubilados que realizaban un abrazo simbólico el miércoles 19 de febrero en el Congreso.
El protocolo 943/2023 establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta. También contiene disposiciones que les permiten recabar información que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar a referentxs y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas.
En la presentación señalamos que la resolución amenaza derechos garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos, como el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, de petición y de reunión. Desde que se puso en marcha y gracias a esa herramienta las fuerzas de seguridad reprimieron movilizaciones y realizaron detenciones arbitrarias.
Muchas de estas personas y organizaciones se sumaron al amparo para participar del proceso. Entre ellas están la Asociación de Trabajadores del Estado, el Sindicato de Prensa de la Ciudad de Buenos Aires (SIPREBA), el secretario general del sindicato del personal de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, Andhes (abogados y abogadas de derechos humanos del NOA), dirigentes del Polo Obrero, del FOL, de la Confederación Indígena Neuquina y personas detenidas sin ninguna justificación en protestas contra las políticas del gobierno. En la nueva presentación pedimos ser incorporados como sus representantes junto a Amnistía Internacional y las otras organizaciones que el juez decida admitir.
Foto : Susi Maresca.