Este 3 de marzo, en la audiencia de caso 14.458 “Diego Lamagna y familia y otros Vs Argentina” ante la CIDH, el Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión del 2001, luego de haberla aceptado en 2023. En la audiencia el gobierno argentino no justificó su cambio de postura sino que se recostó en un posicionamiento político después del cambio en la gestión estatal. No respondieron a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001.
Los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una expresión extrema de la violencia estatal, luego de la declaración injustificada del Estado de Sitio. El Estado reprimió el legítimo derecho a la protesta social y provocó 36 muertes, cientos de heridxs y 198 detenciones arbitrarias, sin orden judicial ni justificación legal. Las fuerzas de seguridad dispararon con munición de plomo. Entre los asesinados estaban Diego Lamagna y Gastón Riva.
Las pruebas, recabadas a través de largos años y sentencias judiciales, demuestran que detrás de estos crímenes estuvieron las máximas autoridades políticas del país: el presidente De la Rúa -a quien denunciamos ante la CIDH en 2015-, y los responsables de Seguridad, por declarar el estado de sitio en forma irregular y ordenar y ejecutar la represión.
Violaciones de derechos humanos
El Estado argentino es responsable de la violación de múltiples artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH):
-del derecho a la vida y a la integridad personal, por el uso desmedido de la fuerza que resultó en muertes y heridas graves.
-del derecho a la libertad personal, por las detenciones arbitrarias sin fundamentos legales.
-del derecho a la protesta, por la criminalización y represión.
-por la declaración del Estado de excepción inconstitucional, sin justificación real, utilizada como pretexto para desarticular la protesta.
-por la falta de justicia y reparación a las víctimas y sus familias.
Persiste la impunidad
Casi 25 años después las investigaciones siguen inconclusas. Si bien algunas autoridades responsables fueron condenadas, el expresidente De la Rúa y los autores directos de los homicidios y heridos por balas policiales nunca fueron responsabilizados. La fragmentación del proceso y la falta de compromiso del Estado permitieron que la mayoría de los responsables permanezcan sin haber sido sometidos a un proceso judicial.
Que no vuelva a pasar
Le solicitamos a la CIDH que le pida al Estado argentino que:
1. Reconozca su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas en diciembre de 2001.
2. Reforme su legislación sobre protesta social y derogue normativas que criminalizan las manifestaciones.
3. Regule el uso de la fuerza en contextos de protesta, se prohíba el uso de armas letales y se controlen las llamadas menos letales.
4. Cree organismos de control externo para la actuación policial y establezca protocolos de preservación de pruebas en operativos de represión.
5. Capacite a las fuerzas de seguridad y operadores judiciales en derechos humanos y uso proporcional de la fuerza.
6. Adopte medidas de reparación simbólica y material para las víctimas y sus familias, incluyendo el sostenimiento de las baldosas conmemorativas y la implementación de actos públicos de memoria.
La represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 fue un ataque a la democracia. El derecho a la protesta no puede ser tratado como un problema de seguridad del Estado. La discusión ante la CIDH es actual: desde diciembre de 2023 el gobierno busca restringir el derecho a manifestarse.