Durante la 58° sesión del Consejo de Derechos Humanos, desde el CELS participamos en los diálogos interactivos con las relatorías especiales y expusimos sobre la situación actual en Argentina. En ese contexto, denunciamos ante la ONU la reducción del espacio cívico, así como las consecuencias en derechos humanos de la deuda contraída con el FMI y las negociaciones actuales para tomar un nuevo préstamo. En ambos casos, solicitamos que la ONU monitoree de cerca la situación en la Argentina y exija al Estado que proteja y garantice los derechos humanos.
En el diálogo con la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos expusimos sobre la constante persecución a organizaciones sociales y la criminalización de manifestantes. También denunciamos el uso de la narrativa antiterrorista como herramienta de restricción de la protesta social y las detenciones arbitrarias a defensores de derechos humanos y ambientales.
Por otra parte, participamos del diálogo con la Experta Independiente sobre los Efectos de la Deuda Externa con una intervención en nombre del CELS y del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad. Allí presentamos nuestra preocupación por la posible firma de un nuevo acuerdo con el FMI, que condicionaría la vida de la gran mayoría de la población argentina por varias generaciones. Explicamos que el gobierno busca aprobar el acuerdo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia: esto es inconstitucional, antidemocrático e incompatible con las obligaciones internacionales del Estado.
Además, organizamos un evento paralelo a la sesión del Consejo y presentamos un informe sobre la necesidad de adoptar un enfoque interseccional en los estándares de Naciones Unidas en materia de protesta social. Junto con CIVICUS, ILEX Acción Jurídica y la Relatora Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión y Asociación, reflexionamos sobre los desafíos en el abordaje interseccional de las protestas sociales y la importancia de generar lineamientos comunes desde Naciones Unidas a los Estados a fin de garantizar la protección de todas las personas que participan en manifestaciones públicas.
Del mismo modo, participamos como panelistas en un evento paralelo organizado por las Misiones Permanentes de Finlandia y de Suiza ante las Naciones Unidas sobre los obstáculos que enfrentan las organizaciones de derechos humanos para acceder al sistema de Naciones Unidas, señalando las oportunidades de mejora que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos pueden implementar para fortalecer la participación de la sociedad civil.
Por último, mantuvimos reuniones bilaterales con una serie de procedimientos especiales de ONU sobre la lucha contra el terrorismo, vivienda adecuada, empresas y derechos humanos, alimentación y discapacidad.