Este 21 de marzo de 2025 la familia de Pablo Grillo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida como querellante en la investigación judicial sobre las circunstancias que dejaron a Pablo en estado crítico en un hospital. La investigación tiene que determinar las responsabilidades penales sobre esos hechos, que ocurrieron durante la marcha de jubilados y jubiladas. La familia cuenta con el patrocinio legal de los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS.
Pedido
A partir de una serie de registros pudimos identificar al autor del disparo como el Cabo Guerrero, miembro de la Unidad Móvil 6 de la Gendarmería Nacional Argentina. El accionar del efectivo violó normas nacionales e internacionales sobre el uso de armas menos letales, que prohíben disparar proyectiles en línea recta hacia personas, especialmente a la cabeza o rostro. Por eso solicitamos que se lo convoque a declarar en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También solicitamos que se investigue la responsabilidad penal de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; del director Nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; del jefe del Destacamento Móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad desplegadas en las inmediaciones del Congreso contra manifestantes.
Además solicitamos medidas probatorias como la recolección de los registros audiovisuales de canales de televisión, filmaciones oficiales, listados de personal desplegado, protocolos de actuación, comunicaciones radiales, órdenes de servicio, detalles de armamento y tipo de municiones utilizadas.
Los hechos
En lo que va de 2025 hubo cinco movilizaciones protagonizadas por el colectivo de jubiladas y jubilados. Todas enfrentaron operativos violentos de las fuerzas de seguridad. En cada una de estas protestas observamos una actuación ilegal, abusiva y poco profesional de los efectivos, quienes produjeron detenciones arbitrarias y atacaron a manifestantes, personas mayores y trabajadores de prensa con gas pimienta, gases lacrimógenos, carros hidrantes, palos y tonfas. El 12 de marzo estuvieron presentes la Gendarmería, la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Policía de la Ciudad en la represión a manifestantes, trabajadoras y trabajadores de prensa. El despliegue escaló rápidamente en los niveles de violencia. Más de cien personas fueron detenidas y otro centenar resultaron heridas. En el operativo hubo además participación de personal de civil, y una importante cantidad de vehículos identificables y no identificables.
La manifestación había sido convocada para las 17. Una hora antes y sin que se registrara ningún hecho de violencia por parte de las y los manifestantes, comenzó la represión de las fuerzas policiales y de seguridad. El operativo tenía por único objetivo dispersar a la gente del lugar.
Pablo Grillo es un fotorreportero que se había acercado a la zona de la protesta a registrar con su cámara la manifestación y el operativo de seguridad, como ya lo había hecho en numerosas oportunidades. Exactamente a las 17.18 de aquella jornada, Pablo Grillo recibió un impacto de munición de gas lacrimógeno en la parte frontal de su cabeza, que lo dejó tendido en el suelo. Inmediatamente fue socorrido por los manifestantes y, en cuestión de minutos, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Ramos Mejía. Frente a él había una hilera de gendarmes, desde donde salió el disparo, que marchaban escoltados por camiones hidrantes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina.
El protocolo anti-piquetes
Bajo la justificación de aplicar la resolución 943/23, conocida como el “Protocolo anti-piquetes”, la decisión de la ministra Patricia Bullrich fue arremeter contra quienes se manifestaban en la Plaza del Congreso para impedir el desarrollo de la protesta. Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar las manifestaciones cuando el tránsito sea interrumpido u obstaculizado. También contiene disposiciones que les permiten recabar información que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar a referentes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas. Como venimos diciendo desde diciembre de 2023, este Protocolo es inconstitucional.