Desde que comenzó la política de recortes del actual gobierno, las manifestaciones de jubilados y jubiladas frente al Congreso se convirtieron en un símbolo sostenido de resistencia callejera frente a la pauperización de las jubilaciones y el desmantelamiento de los derechos sociales. A estos reclamos, el Estado argentino respondió con una política de represión y criminalización.
La represión del 12 de marzo de 2025 representó una escalada de violencia estatal contra las personas que protestan. La aplicación a como dé lugar del protocolo antipiquetes -inconstitucional, anticonvencional, inhumano- no hizo más que profundizar un patrón autoritario que obstaculiza el ejercicio de derechos: a protestar, a la libertad de prensa, a reunirse, a reclamar. Ese día, más de 114 personas fueron detenidas de manera arbitraria y centenares resultaron heridas por el accionar de las fuerzas de seguridad. La protesta de las y los jubilados, que contó con el apoyo de hinchas de clubes y muchísimas organizaciones y autoconvocadxs, fue reprimida con balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes, golpes y detenciones ilegales. Y dejó esa tarde al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte, tras el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, y a Jonathan Navarro, ciego de un ojo.
La mentira como estrategia
Luego del operativo, el Ministerio de Seguridad radicó una denuncia penal contra las personas detenidas, por los delitos de sedición, asociación ilícita y atentado contra el orden constitucional. Para deslegitimarlas, las vinculó con barras bravas -quienes también podrían manifestarse en iguales condiciones que el resto- y con un supuesto plan de desestabilización.
Estas imputaciones, completamente fuera de eje, funcionan como una amenaza para toda persona que proteste. El uso del sistema penal con fines intimidatorios, para evitar una manifestación, es una forma de violencia institucional que afecta directamente la democracia. Esas acusaciones no se sostuvieron. Un mes después de la represión del 12 de marzo, no existe en sede judicial ningún elemento concreto, ningún indicio verosímil ni prueba material que permita sostener las afirmaciones hechas por la ministra Patricia Bullrich sobre un supuesto intento de desestabilización.
El relato contado esa misma noche por la ministra carece, hasta hoy, de cualquier sustento en la realidad. La referencia a una supuesta “acción coordinada de barras bravas, sindicalistas y organizaciones criminales” aparece, un mes después, como lo que siempre fue: una maniobra política para encubrir y legitimar una represión masiva contra personas que estaban ejerciendo su derecho a la protesta. La narrativa de “golpe institucional” busca sentar un precedente: instalar la idea de que cualquier manifestación callejera que cuestione al gobierno puede ser leída y tratada como un acto criminal y desestabilizador. Sin embargo, la realidad muestra un dato incómodo: no hay pruebas.
Las investigaciones judiciales que sí avanzan con pruebas son las que están enfocadas en los episodios de violencia policial, es decir, en esclarecer los delitos cometidos por efectivos policiales durante el operativo represivo. Para ayudar a ese esclarecimiento, el CELS, el Sipreba, aRGra, el Mapa de la Policía, aportamos registros clave.
La arbitrariedad y la amenaza
El operativo del 12 de marzo marcó un salto cualitativo en la política represiva del gobierno. El uso de las detenciones arbitrarias que se utilizó durante todo el año pasado -el 12 de junio de 2024 detuvieron a 33 personas-, escaló de forma masiva. Las detenciones tuvieron como único propósito castigar la protesta y generar un efecto disciplinador y desmovilizador sobre quienes reclaman por sus derechos. Así lo muestran los testimonios de las personas detenidas, que relatan haber sido capturadas cuando se retiraban de la movilización o incluso cuando simplemente estaban filmando los hechos.
Entre las y los detenidos había estudiantes, trabajadores, periodistas, personas mayores, personas que se estaban retirando, transeúntes que no sabían de qué era la manifestación y hasta dos niños que habían salido de la escuela. Varios relataron haber sido golpeados, insultados, privados de comunicación, retenidos en condiciones lamentables en los camiones policiales y sin asistencia médica.
Armas con potencia letal
En la represión se usaron las llamadas “armas menos letales”: gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y fuerza física contra manifestantes. El uso de la pistola lanza cartuchos de gas lacrimógeno había estado prohibida hasta que la rehabilitó la Ministra Bullrich con el protocolo antipiquetes que denunciamos por inconstitucional. Las lesiones que documentamos el 12 van desde traumatismos de cráneo, fracturas, pérdida de visión, heridas abiertas, esguinces y dificultades respiratorias, hasta situaciones de riesgo vital.
Uno de los casos más graves fue el de Pablo Grillo. Pablo recibió el disparo de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, a corta distancia. El impacto le provocó fractura de cráneo, pérdida de masa encefálica y lo dejó en estado crítico. Hoy se recupera de a poco en el hospital. Su familia se presentó y fue aceptada este 11 de abril como querellante en la causa que debe esclarecer las responsabilidades sobre la violencia que dejó a Pablo al borde de la muerte. El CELS y la LADH representan legalmente a su familia en la causa. Otro caso de violencia extrema es la pérdida de un ojo de Jonathan Navarro, por un disparo de bala de goma a la cara.
Los ataques a periodistas, fotoreporteros y a quienes registran los operativos fue una constante ese día, como en el primer año de gobierno. Las fuerzas de seguridad dispararon balas de goma contra equipos de prensa, golpearon a fotógrafos identificados, bloquearon el trabajo periodístico y buscaron impedir el registro de la represión. Además de Pablo Grillo, Marcos Sierras sufrió fractura de nariz por los golpes de la policía y periodistas de Crónica TV fueron alcanzados por balas de goma.
A un mes de aquellos hechos, comienzan a avanzar las investigaciones sobre la represión. Las jubiladas y los jubilados sostienen las protestas de los miércoles, a pesar de toda amenaza. No hay esfuerzos estatales por establecer un diálogo con lxs manifestantes ni por recomponer sus ingresos. Pablo Grillo mejora poco a poco.
Foto: Kaloian Santos.