Criminalización de brigadistas y hostigamiento a comunidades indígenas

La prisión preventiva de Nicolás Heredia y los allanamientos a medios de comunicación mapuche son parte de una tendencia preocupante del sistema penal en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades indígenas. Estas acciones no disimulan la gestión ineficaz de los incendios en la Patagonia.

  

La sombra del antiterrorismo, incendios y detenciones arbitrarias

La narrativa antiterrorista avanza como herramienta de persecución en la Patagonia, mientras las autoridades desvían el foco del origen de los incendios y criminalizan a quienes exigen respuestas y se acercan a ayudar como brigadistas. Las detenciones arbitrarias se concretan sin pruebas, mientras los grupos racistas actúan con impunidad.

  

Venezuela: organizaciones de América Latina pedimos con urgencia que se garantice el respeto de los derechos humanos

Más de 50 organizaciones de la región expresamos nuestra profunda preocupación por la crítica situación que enfrenta la población en ese país. Durante los últimos meses, hemos atestiguado un incremento en actos de hostigamiento y criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos en el país, así como severos actos de represión como antesala de la toma de posesión presidencial del 10 de enero de 2025.

  

Laura Jordán de Conte: un legado sin orillas

Laura creó el área de Salud Mental del CELS -de donde fue presidenta entre 1998 y 2000- y fue miembro de Madres de Plaza de Mayo. Como psicóloga se centró en las secuelas psíquicas de la violencia estatal durante la dictadura y acompañó a víctimas y familiares en la búsqueda de justicia y reparación. Falleció este 29 de diciembre de 2024.

  

Coordinación Federal: sobre el fallo de Bertuzzi, Bruglia y Llorens

La reapertura de una causa cerrada en 2011 por parte de la Sala I de la Cámara Federal subvierte los principios del derecho nacional e internacional. Ignora la cosa juzgada y fuerza la interpretación de las graves violaciones a los derechos humanos para extender la responsabilidad hacia actores no estatales. El Estado aún está en deuda con la apertura de los archivos de la dictadura.