Atlético Banco Olimpo: comienza el quinto juicio
Se juzgarán los hechos que damnificaron a 385 víctimas y las responsabilidades de cinco ex integrantes de la Policía Federal y Gendarmería, imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo conocido como “ABO”.
La Cámara Federal intenta reabrir una causa por hechos que prescribieron
Se trata del atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal cometido por Montoneros en 1976. Con su resolución, los jueces reinstalan la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad.
Sano, rico y barato. 6 puntos para construir una alternativa al modelo alimentario excluyente
Autor/a: Betiana Cáceres, Federico Orchani, Luna Miguens, Marcela Perelman, María José Venancio.
92 págs.
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Santa Cruz: ELA y el CELS se reunieron con el ministro de Salud y Ambiente sobre la implementación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia
El ministro asumió compromisos que incluyen capacitaciones para el personal médico y administrativo de los centros de salud, la realización de campañas de información e implementar una política de fomento a la contratación de profesionales de la salud no objetores que garanticen derechos.
Nos presentamos como amicus curiae en el Caso CAJAR contra el Estado colombiano
La Corte IDH estudia la demanda del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo (CAJAR) por las tareas de inteligencia ilegal, amenazas y persecución sufridos por sus integrantes durante los últimos 30 años. El caso representa una oportunidad para sancionar acciones y prácticas de inteligencia ilegal y arbitraria que los Estados despliegan contra organizaciones sociales y activistas de derechos humanos y evidencia la necesidad de contar con normas claras que regulen y controlen las actividades de inteligencia.
Chubut: designan como Jefe de la Policía a un comisario condenado por violencia institucional
Desde el CELS, junto con organizaciones sociales y de derechos humanos de Chubut, enviamos una carta al gobernador Mariano Arcioni para exigir que revea la designación de César Brandt, condenado en 2012 por abuso de autoridad durante un desalojo en la Comunidad Mapuche Tehuelche “Vuelta del Río”.
Prisión perpetua para los dos ex policías que asesinaron a Jorge Gutiérrez
Después de 28 años, fueron condenados el ex agente de la Policía Federal, Alejandro Santillán y Francisco Mostajo, de la Bonaerense. A Gutiérrez lo mataron de un tiro en la nuca mientras investigaba un caso vinculado a la “Aduana paralela”. El crimen fue encubierto por esas dos fuerzas, y los testigos fueron amenazados y agredidos, lo que llevó a que un primer juicio terminara en impunidad. La familia, con la representación del CELS, había llevado el caso a la Corte IDH, que le ordenó al Estado argentino la reapertura del proceso.
El Estado aceptará su responsabilidad internacional por una internación ilegal en una clínica psiquiátrica
El 6 de junio se firmará un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de María del Carmen Senem de Buzzi ocurrido en 1993. El acuerdo establece diferentes medidas estructurales como la promoción de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en las provincias.
Aportes para conocer la Ley de Salud Mental
A raíz de los recientes hechos que involucraron a personas del ámbito público, nos parece fundamental plantear algunas cuestiones sobre los alcances de la Ley, que pueden ayudar a resolver confusiones.
Cuidar a quienes cuidan: Miranda debe ser sobreseída
Las y los profesionales de la salud son una parte fundamental en la garantía del derecho a una vida saludable, digna y libre de violencias. El Poder Legislativo sancionó las leyes que dan amparo legal a esos derechos. Sin embargo, algunos sectores del Poder Judicial no respetan los derechos de la mitad de la población. Comunicado conjunto.
Casación confirmó las condenas a seis prefectos por torturas en villa 21-24
Los integrantes de la Prefectura Naval Argentina habían sido condenados en 2018 por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y robo a mano armada a los jóvenes Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2016 en Barracas.
Los derechos territoriales de la Comunidad Millalonco-Ranquehue sobre el lugar que el Ejército le reclama
Hace muchos años que la comunidad indígena inició los reclamos para contar con seguridad jurídica de las tierras en las que vive desde tiempos ancestrales, pero recién en 2012, el Estado le reconoció la finalización de un relevamiento catastral. Ante un desalojo parcial en 2020, la comunidad presentó un amparo y ahora la Justicia federal falló a su favor ordenándole al Gobierno que le entregue el título de propiedad.
Acuerdo para frenar la avanzada inmobiliaria y profundizar los derechos de les inquilines
Sin consenso para volver atrás, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría que respeta lo conquistado en la ley de alquileres.
Contra los desalojos y por el derecho humano a la tierra de la Comunidad La Totorilla
En Santiago del Estero, la familia Mendoza resiste junto al MOCASE Vía Campesina los intentos de desalojo y los ataques de quien pretende usurpar el territorio donde viven y producen desde hace más de 30 años. Desde el CELS nos presentamos como amicus curiae en la causa que ordenó el desalojo por fuera de los estándares internacionales.
Sobrepoblación en cárceles bonaerenses: para la Suprema Corte provincial, las personas privadas de su libertad están viviendo en un “estado de cosas inconstitucional”
El tribunal reconoció la situación crítica del sistema de encierro provincial y dijo que debe ser remediado. Aunque la sentencia abre distintos procesos de trabajo no dispone medidas urgentes que puedan modificar una tendencia que solo registra aumentos en la población carcelaria. Esto es resultado del uso abusivo de la prisión preventiva y las restricciones para acceder a las libertades.
Garantizar la ley no es delito, hacer acciones para que no se cumpla, sí
Desde Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps y el CELS acompañamos a Miranda, la médica que garantizó el acceso a un aborto legal, desde el primer momento de su imputación. La denuncia busca disciplinar a les profesionales de la salud que respetan la ley y obstaculizar los derechos de quienes necesitan servicios médicos públicos.
