La pandemia puede ser una oportunidad para un nuevo pacto fiscal
Por una agenda latinoamericana de reformas redistributivas: un debate sobre la orientación que deberían tomar las estructuras fiscales para asegurar los derechos humanos.
Villas de CABA: el protocolo debe garantizar derechos
Pedimos medidas que garanticen la vigencia de los derechos humanos en la causa judicial en la que se discute un protocolo de actuación para los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.
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Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea
Autor/a: María Victoria Pita y Sebastián Pereyra (eds.)
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Ni Una Menos: cinco años de feminismo masivo
Se cumple un nuevo aniversario del Ni Una Menos, una fecha que entró dentro del calendario de los feminismos y provocó un cambio tanto en la escena política como en los modos en que nos relacionamos. Del feminismo no hay vuelta atrás.
Chaco: violencia policial y discriminación contra comunidades indígenas
La violencia policial contras las comunidades indígenas es reiterada. Son necesarias reformas de fondo de las políticas de seguridad provinciales.
INCLO condena el uso inadecuado de fuerza y de armas menos letales contra manifestantes en EEUU
Las manifestaciones estallaron en respuesta al asesinato de George Floyd por la policia de Minneapolis el lunes pasado. INCLO condena el uso desproporcionado de fuerza contra manifestantes y llama a la policia a actuar en concordancia con los estándares internacionales sobre el uso de fuerza en situación de control de multitudes.
Bolivia: preocupación por los actos de intimidación de las fuerzas armadas al Senado
Las amenazas de las fuerzas armadas de Bolivia al Senado en el marco del tratamiento de los ascensos prenden una nueva señal de alerta sobre el papel indebido de los militares en el país.
Pedido de información a la CIDH por la situación de las villas durante la pandemia
La Poderosa, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentamos una solicitud de información en relación a la gestión de la crisis del COVID-19 en los asentamientos urbanos precarios y las villas argentinas.
20 de diciembre de 2001: a cuatro años de las condenas la Cámara debe tomar una decisión
Se cumplieron cuatro años de la sentencia en el juicio por los asesinatos cometidos por la represión del 20 de diciembre de 2001. Pedimos a la Cámara Federal de Casación Penal que confirme las condenas.
Hospital Borda: cuando la vida no vale nada
Jorge Marcheggiano estaba internado en el Borda. Murió como consecuencia del ataque de un grupo de perros en el parque del Hospital.
Sobre el asesinato y desaparición de Luis Espinoza
Luis Espinoza estuvo desaparecido una semana. Se investiga su asesinato por parte de funcionarios policiales tucumanos y el encubrimiento,
Un año de la Masacre de Monte
Un año después de la persecución vehicular, realizada por la policía bonaerense, que provocó la muerte de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López y puso en riesgo la vida de Rocío Quagliarello, la causa judicial está cerca de llegar a juicio. La implementación de políticas de control de uso de la fuerza letal continúa pendiente.
COVID-19 y sobrepoblación carcelaria
Autor/a: CELS
9 págs.
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Medida cautelar a favor de las personas atendidas en psiquiátricos porteños
Por orden del Juzgado Contencioso Administrativo 12 el Gobierno de la Ciudad deberá proveer equipos de protección e insumos para prevenir y evitar la propagación del Covid-19 en los psiquiátricos porteños. También deberá hacer protocolos de actuación específicos.
Petición ante la CIDH por la desaparición forzada en Techint de Enrique Ingegnieros
La acción pide la imprescriptibilidad de acciones civiles cuando derivan de delitos de lesa humanidad. Constituye una herramienta más en la búsqueda de verdad y reparación.
Presentaciones judiciales por la situación carcelaria
La Acordada 5/2020 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional y la sentencia de Casación en el habeas corpus colectivo de la provincia de Buenos Aires -ambas decisiones orientadas a disminuir la población carcelaria- fueron judicializadas por distintos actores. Nos presentamos para que su vigencia se sostenga.