Ley ómnibus: solicitamos al Congreso que respete la deliberación y la participación ciudadana

Con distintas organizaciones de la sociedad civil pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias para que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.

  

Avanzan las restricciones a la sociedad civil en Venezuela

Junto a más de de 230 organizaciones firmamos un documento acerca de la alarma que genera la reactivación de una ley que viola el derecho a la libertad de asociación, ya que ocasionaría la militarización del espacio cívico de la sociedad venezolana.

  

Ecuador: la militarización evidencia el fracaso de las políticas de seguridad

Bandas del crimen organizado produjeron una nueva seguidilla de hechos de violencia y muertes. El gobierno ecuatoriano declaró “conflicto armado interno”. Las organizaciones alertan sobre la habilitación al uso de la fuerza letal como primer recurso por parte de las FFAA. Las políticas neoliberales que facilitaron la corrupción y la connivencia, son parte de las razones por las que el país ha llegado a este contexto de extrema violencia.

  

Sobre el proyecto de “ley ómnibus”

El gobierno de Milei pretende desactivar procedimientos claves y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia. En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley “Bases…”, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. El Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta.

  

Pedimos al Poder Judicial que declare inconstitucional el DNU 70/2023 de Milei

Fue con una acción ante el fuero contencioso administrativo federal. Entendemos que el decreto viola la división de poderes y suprime o restringe derechos, garantías individuales y colectivas. Señalamos que con la presentación de este DNU el poder ejecutivo altera reglas constitucionales, asumiendo facultades que le están prohibidas y son del Congreso.

  

El gobierno busca modificar la Constitución por decreto

El DNU que anunció el presidente Milei en la noche del 20 de diciembre, avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes de forma antidemocrática. Con su entrada en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda.

  

Dos dictámenes de la Procuración y la responsabilidad de la Corte Suprema

Los dictámenes admiten la legitimación de dos grupos en representación del “colectivo de personas por nacer”, en contra del Constitución, leyes nacionales y acordadas de la Corte. Allanan, sin embargo, la vía judicial para arremeter contra el derecho a la interrupción del embarazo. Comunicado conjunto.

  

Con más de 1700 firmas de organizaciones, denunciamos el protocolo contra la protesta en la ONU y la CIDH

Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.

  

Es necesaria una urgente refundación del sistema nacional de inteligencia

Con una nueva intervención, el gobierno dispuso modificar decisiones que se tomaron desde la reforma de la ley de inteligencia en 2015. Reafirma así que no hay una política de Estado de inteligencia nacional. Una vez más el sistema político muestra su fracaso en acordar una reformulación del sistema de inteligencia, democratizarlo, transparentarlo y hacerlo eficaz para proteger los intereses nacionales.

  

Guatemala: rechazamos el intento de golpe de Estado judicial

Ante las actuaciones del Ministerio Público de ese país que pretenden anular los resultados de las elecciones presidenciales, más de veinte organizaciones de la región solicitamos al gobierno actual respetar la voluntad democrática del pueblo guatemalteco.