En 2003 se sancionó la Ley de Migraciones que reemplazó a la ley 22.439 dictada durante la última dictadura militar.
La sanción de la nueva ley constituyó un reconocimiento formal de los derechos humanos de las personas migrantes, sobre todo en lo que respecta a la salud, educación, justicia y seguridad social y eliminó cláusulas de persecución inspiradas en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Se reconoció incluso la acción de migrar como un derecho humano, algo impensable años atrás.
Sin embargo, muchos de los derechos reconocidos en esta nueva ley aún no pueden ejercerse por la falta de su reglamentación, y por la ausencia de una política de capacitación y sensibilización adecuada. Además, por otra parte, continúa pendiente la resolución del problema de la falta de coordinación entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas.
En este capítulo se exponen, en primer lugar, las consecuencias de la ausencia de reglamentación de la Ley de Migraciones en el acceso a derechos de las personas migrantes. Luego se analiza la implementación del programa Patria Grande, orientado a garantizar el derecho a la identidad de la población migrante. Por último, se hace referencia a la sanción de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que constituye un avance en el reconocimiento formal de los principios y estándares del derecho internacional de los refugiados.
