A partir de 1997 comenzó el desarrollo del Programa de Participación de Pueblos Indígenas -en adelante PPI- que tuvo varias etapas y facetas. Surgido de la necesidad de dar contenido efectivo a los derechos indígenas reconocidos en la Constitución Nacional reformada en 1994, el programa fue una masiva movilización de casi todos los pueblos indígenas, sus organizaciones y comunidades. En reuniones sucesivas, los participantes indígenas hicieron un pormenorizado análisis de la situación que, aun con variabilidad, actualmente comparten, debido a razones históricas de sometimiento a un sistema económico, político y cultural ajeno.
Tomando como base este diagnóstico redactaron sus demandas al Estado con miras a construir otras bases para una nueva relación entre éste y los pueblos indígenas. Las actividades culminaron en un Foro Nacional Indígena, que tras siete días de trabajo elaboró un documento que fue entregado a los legisladores del Congreso Nacional.
A pesar de la diversidad de culturas y pueblos, que por primera vez se reunían para discutir asuntos de su exclusiva competencia, se puede decir que -aunque con tibieza- se logró construir una plataforma común de reivindicaciones en torno a tres conceptos básicos: pueblo indígena, territorio y organización.
Por lo tanto, uno de los mayores desafíos que los pueblos indígenas deberán enfrentar es el de mantener un frente común de organización en la diversidad, anclada en tales reivindicaciones; una organización tal que les permita ejercer el control sobre las acciones que el Estado lleva a cabo en relación con los asuntos que afectan la vida y el futuro de estos pueblos.
