Desde el retorno democrático en 1983 las demandas sociales de memoria, verdad y justicia han tenido respuestas diversas por parte del Estado. En los últimos años, se han tomado ciertas medidas que indican la voluntad de generar políticas de memoria. Sin embargo, existe una deuda pendiente en relación con el tratamiento y acceso a los documentos de archivo relacionados con la última dictadura. Esta problemática no es privativa de la documentación de este período, sino que responde a falencias más amplias de la preservación y acceso al patrimonio documental en el país.
En este artículo se explican las particularidades del documento de archivo, se ofrece una clasificación de la documentación de la última dictadura que podría o debería ser accesible, y se exponen los obstáculos que enfrenta la accesibilidad documental. Se afirma, asimismo la necesidad de instaurar una política nacional de archivos para resolver estos problemas.
