En la actualidad, la mayoría de los operadores judiciales son indiferentes a la desigualdad entre las partes. Esto ocurre, por ejemplo, en los litigios impulsados contra comunidades indígenas o campesinas por la ocupación de tierras, incluso cuando son estas comunidades las que recurren al Poder Judicial para reivindicar sus derechos ante terceros o ante el Estado. El sistema de administración de justicia tiene rutinas, circuitos y trámites que impactan de manera desigual sobre los derechos de quienes reclaman.
Desde esta perspectiva, planteamos la necesidad de transformar las prácticas judiciales que profundizan situaciones de discriminación y desigualdad. Desde nuestro punto de vista, el debate sobre el acceso a la justicia debe darse desde una perspectiva que tome en serio los conflictos sociales y a sus actores. En este capítulo compartimos un marco para analizar decisiones legales y jurisprudenciales recientes y sugerimos una agenda de trabajo.
