Las personas con discapacidad mental conforman un colectivo social de particular vulnerabilidad, razón por la cual es necesario que dispongan de una protección especial por parte del derecho y del sistema judicial. La implementación de políticas tendientes al mejoramiento de los canales de acceso al sistema de justicia y derecho a la defensa son dos aspectos fundamentales del trabajo para lograr la inclusión social plena de este colectivo. En este sentido, la ratificación durante 2008 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad constituye una oportunidad para llevar adelante reformas que fortalezcan el acceso a la justicia de este grupo. En este capítulo se analiza el panorama que se abre a partir de la ratificación de esta convención en relación con los procesos judiciales, la normativa tutelar vigente, la doctrina generada por la Corte Suprema de Justicia y el papel que deberán cumplir los organismos de control y defensa. También se subraya la importancia de reconocer a las personas usuarias de los servicios de salud mental como actores sociales a la hora de formular políticas y legislaciones que las afecten.
Derechos humanos en Argentina Informe 2009
10. El derecho de defensa y el acceso a la justicia de las personas usuarias de los servicios de salud mental
por Roxana Amendolaro y Mariano Laufer Cabrera