La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, su reglamentación y puesta en marcha significaron un avance importante para la vigencia de los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. La norma debe traducirse, ahora, en políticas públicas que puedan generar un cambio real en la vida de las personas que vienen de transitar por un modelo manicomial violatorio de derechos. Estas acciones deben estar orientadas a garantizar el cierre de los manicomios en 2020 y la generación de alternativas de inclusión social sostenible para las personas hoy asiladas, tal como lo establece la ley.
El capítulo analiza el Plan Nacional de Salud Mental, el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas alojadas en las instituciones psiquiátricas y las barreras que obstaculizan su ejercicio. El último apartado estudia la resistencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a implementar leyes respetuosas de las personas con padecimiento mental, situación que el análisis de la ejecución presupuestaria hace evidente.
