La crisis institucional, económica y social que estalló en Argentina en diciembre de 2001 hizo necesario exponer ante la comunidad internacional la gravísima situación que atravesó el país. En este sentido, la supervisión de los organismos internacionales se tornó fundamental para la vigencia de los derechos y libertades de las personas y el mantenimiento del Estado de Derecho.
Argentina es miembro de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Debido a esto y a la ratificación de diversos tratados, el Estado ha asumido responsabilidades y obligaciones internacionales y debe someterse al control de organismos internacionales y acatar sus decisiones.
En este capítulo se examinan los informes emitidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer y por los mecanismos especiales de Naciones Unidas, especialmente aquellos creados por la Comisión de Derechos Humanos. Luego, se analizan los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por último se hace referencia a la posición del Estado argentino ante los tratados de derechos humanos durante 2002 y los primeros meses de 2003 y se da cuenta de las candidaturas impulsadas por el gobierno para formar parte de organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
