La asunción de la alianza Cambiemos modificó el rumbo de las políticas socioeconómicas que habían llevado adelante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, primero, como salida a la grave crisis social, económica y política de 2001 y 2002, y luego, para consolidar un modelo que se propuso alinear los objetivos de crecimiento económico con los de inclusión social. Aunque la evaluación de las políticas del ciclo de gobiernos kirchneristas difiere según los analistas y los aspectos que se consideren, durante esa gestión se registraron avances y mejoras de los indicadores sociales básicos y de calidad de vida. En esos años también se reconocieron nuevos derechos sociales y se realizaron reformas normativas que restablecieron otros que en décadas anteriores habían sido restringidos.
Entre los principales impactos encontramos el aumento significativo de la pobreza a causa, por un lado, de los efectos de la devaluación y la aceleración inflacionaria y, por otro, por la caída de la actividad económica. La Encuesta Permanente de Hogares registró que un 9,2% de la población económicamente activa estaba desempleada durante el primer trimestre de 2017, mientras que en la medición de 2015 lo estaba un 5,9%. Por otra parte, entre el segundo trimestre de 2015 y el de 2016, la diferencia en los ingresos entre el 10% de los hogares más pobres y el decil más rico pasó de 12,3 veces a 13,8,6 según el estudio de CEPA-Indep basado en datos del Indec. Esto evidencia un aumento marcado de la desigualdad social y un cambio en la tendencia decreciente que se registraba desde 2003.
La concurrencia de mayores niveles de pobreza, desempleo y desigualdad, así como la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, lesionan gravemente el ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales básicos, y ponen en primera línea la discusión sobre el tipo de modelo excluyente que se está construyendo en la Argentina.
