En la provincia de Buenos Aires, la forma de encarar el gobierno de la seguridad pública profundiza el modelo de delegación política en las cúpulas policiales. Al mismo tiempo, se sostiene un pacto de gobernabilidad que incluye la regulación de los mercados ilegales por parte de la Policía Bonaerense, como parte activa del negocio o como comercializadora de protección ilegal a organizaciones criminales. El sistema de justicia provincial no es ajeno a la configuración de la política criminal.
En este capítulo analizamos el funcionamiento del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Su dinámica está marcada por tres características: la delegación de las investigaciones en la policía, el trabajo centrado en los delitos de flagrancia y la debilidad de las investigaciones sobre estructuras y mercados ilegales. Algunas de las consecuencias más graves son la superpoblación carcelaria, el intento de habilitar los calabozos de las comisarías para alojar detenidos, y la ausencia de una política de derechos humanos.
