La actitud estatal frente a las distintas formas de protesta social y política ha oscilado entre la pasividad ante actos violentos y la represión violenta de manifestaciones pacíficas. Esta situación implica un alto riesgo institucional, dada la dificultad para el control efectivo de las fuerzas de seguridad intervinientes, que en algunos casos han actuado de modo desproporcionado e incluso brutal.
En este capítulo se analiza la respuesta del Estado frente a las manifestaciones públicas desarrolladas en distintos puntos del país. En primer lugar, se centra la atención en las políticas que ha llevado adelante el gobierno nacional para enfrentar la cuestión de la protesta social. Luego, se exponen algunos casos que pusieron en evidencia cómo diferentes instancias del Poder Judicial federal y provincial han amparado y otorgado impunidad al accionar represivo de las fuerzas de seguridad sobre los manifestantes y han aplicado figuras penales desproporcionadas y abusivas que atentaron contra el ejercicio de derechos constitucionales. En relación con esto, se da cuenta de casos específicos que mostraron, por un lado, la inacción judicial frente a la represión de protestas sociales y, por otro, la criminalización de la protesta social.
