Después de diez años de gobierno, terminó el ciclo de la administración de Carlos Menem con la elección del 24 de octubre de 1999, en la que ganó la Alianza, con Fernando de la Rúa como candidato a presidente.
Durante ese año y a partir de la agudización del debilitamiento del “menemismo”, continuaron explotando gravísimos problemas sociales, muchos de ellos directamente vinculados con los derechos humanos. La mayoría de estas cuestiones no fueron nuevas, pero se profundizaron: la continuidad de los procesos por justicia y verdad mantuvieron en primera plana la cuestión de la impunidad por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado; los procesos de reforma policial -sobre todo el de la Bonaerense- sufrieron retrocesos y hubo un importante aumento del número de muertes por el accionar de agentes policiales, la Masacre de Ramallo es muestra de esa crisis; el aumento desmedido de la pobreza como la expresión más grave de la situación de los derechos sociales en la Argentina, entre otros.
Frente a esas demandas, se sintió la ausencia de las instituciones republicanas que deberían canalizar los reclamos: el Poder Legislativo para la discusión de políticas y el Poder Judicial para la protección de los derechos fundamentales. Durante 1999 no se sancionó ninguna ley fundamental que pudiera implicar un avance para la protección de los derechos humanos.
